Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: tomada de X@infopresidenciaEl Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa una de las reformas administrativas más ambiciosas y controvertidas de su mandato a través del borrador del Plan de Austeridad del Gasto 2026. Con este documento, conocido por Valora Analitik, el presidente Gustavo Petro eliminará por decreto los nuevos arbitrajes internacionales en los contratos estatales y, simultáneamente, aplicar un severo recorte a la nómina de contratistas en todas las entidades del Presupuesto General de la Nación. La medida pretende blindar los recursos públicos frente a los elevados costos de la defensa jurídica exterior, estableciendo que las controversias comerciales relativas a inversiones deberán resolverse exclusivamente ante los jueces nacionales, salvo casos excepcionales que cuenten con el aval de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. A la par, el Ejecutivo también impone un «tijeretazo» a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, obligando a las entidades a demostrar reducciones reales en su gasto de personal externo frente a lo ejecutado en la vigencia anterior.Destacado: Gobierno Petro cambiará el cálculo de importante impuesto con nuevo decreto: estos son los requisitos¿Por qué Petro eliminará por decreto los nuevos arbitrajes internacionales?La decisión de eliminar por decreto los nuevos arbitrajes internacionales se sustenta en una visión crítica sobre la soberanía jurídica y la eficiencia del gasto. Según la memoria justificativa del Ministerio de Hacienda, «dentro del ordenamiento jurídico colombiano ninguna norma de carácter legal impone que las entidades públicas deban solucionar sus controversias comerciales ante la justicia arbitral internacional».Imágenes: Infopresidencia y generada con IA de GeminiPor ello, el documento es enfático al señalar que «las controversias que se susciten con entidades públicas pertenecientes al Presupuesto General de la Nación deben resolverse ante la justicia ordinaria, administrativa y constitucional de la República de Colombia». Esta movida tiene un trasfondo netamente fiscal, pues el Gobierno argumenta que «esta medida busca reducir la conformación de tribunales de arbitramento los cuales demandan pago de honorarios altos, bien por conformación por las mismas partes, ya por acudir ante un tribunal de renombre”.Ofensiva contra la duplicidad de contratos y el gasto en viáticosParalelamente al objetivo de eliminar por decreto los nuevos arbitrajes internacionales, el plan de austeridad para 2026 lanza una ofensiva contra la contratación de personal indirecto. El artículo cuarto del borrador de decreto ordena que las entidades reduzcan la contratación de personal mediante la modalidad de prestación de servicios, especialmente aquellas que ya realizaron procesos de formalización de sus plantas durante 2025. El Ministerio de Hacienda justifica este recorte señalando que se debe «reducir la duplicidad de costos asociados a la ejecución de programas y proyectos de inversión, mediante la reducción en la contratación de personal de servicios técnicos especializados, profesionales o de apoyo a la gestión». Esta política prohíbe celebrar nuevos contratos cuando las tareas puedan ser atendidas por el personal de planta, buscando que las instituciones aprovechen al máximo el talento humano existente antes de recurrir al erario para contratar terceros.De otro lado, la normativa para 2026 introduce recortes en la logística institucional. Por ejemplo, los servidores del nivel directivo verán disminuidos sus viáticos al 80 % de la tarifa legal en viajes con pernoctación y al 50 % en desplazamientos de un solo día, una medida que busca racionalizar los costos operativos más altos de la administración. Para garantizar que estas disposiciones no se queden en el papel, el decreto introduce por primera vez un indicador cuantitativo obligatorio: las oficinas de control interno deberán calcular el «monto en pesos del ahorro que se obtiene en 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior”.—