La seguridad de las presas españolas atraviesa un momento crítico. Así lo advierten los ingenieros de Caminos, que alertan de un riesgo creciente en infraestructuras envejecidas, con escasa inversión, poco personal técnico y una gestión que, denuncian, el Ministerio de Transición Ecológica ha relegado el agua a un segundo plano. Según los últimos datos de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, tres de cada cuatro presas estatales carecen de plan de emergencia en funcionamiento. En España existen 375 presas de titularidad estatal, gestionadas por las distintas confederaciones hidrográficas. De ellas, el 75% no tiene planes de emergencia implantados, según el análisis realizado por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, mostrado este martes durante la jornada 'seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable'. El caso más extremo se da en la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde ninguna de sus 26 presas dispone de un plan de emergencia aprobado. «Yo me pongo en la piel de la confederación del Júcar durante la dana de hace un año. La presa de Forata funcionó y evitó muchas muertes, con toda seguridad. Pero si hubiera fallado, el ingeniero responsable habría acabado en la cárcel. Los planes de emergencia no están implantados, y hay 27 presas sin plan en esa cuenca», explica Jesús Contreras, vocal de la junta directiva de la asociación. En otras, como en la Confederación Hidrográfica del Ebro o la Confederación Hidrográfica del Segura, solo hay 33 o una respectivamente con planes de emergencia. Los informes oficiales de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico revelan también deficiencias graves en materia de seguridad. Cerca del 80% de las presas estatales, unas 300, son de categoría A, es decir, infraestructuras cuya posible rotura podría afectar gravemente a núcleos urbanos o causar pérdidas humanas. Según sus datos, el 75% necesita estudios complementarios de seguridad, el 65% requiere renovar o sustituir sistemas de auscultación, el 30% precisa refuerzos estructurales y la mitad necesita rehabilitar los desagües de fondo. «La mayoría de nuestras presas se construyeron hace más de medio siglo. Hoy necesitamos inversión, planificación y organismos verdaderamente independientes para garantizar su seguridad. No se trata solo de conservar infraestructuras, sino de proteger vidas humanas», afirma Contreras. Desde 1800 hasta hoy, en España se han registrado ocho roturas de presas que han causado alrededor de 1.000 víctimas, además de graves daños materiales y medioambientales. Por ello, los ingenieros reclaman una política de Estado en materia de seguridad de presas, «porque está en juego la seguridad, la resiliencia, el medio ambiente y el propio uso del agua». José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, asegura que, pese a que en España hay 2.500 presas y apenas 375 dependen directamente del Estado, «es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de garantizar nuestra seguridad». «No queremos generar alarma, pero sí preocupación. Hoy pensamos que una presa no puede romperse, pero si no se actúa con urgencia, sí puede ocurrir», advierte. Trigueros denuncia además el bajo cumplimiento presupuestario en materia de obras hidráulicas, que apenas alcanza el 25% de lo planificado, y critica que las administraciones «se limitan a pedir responsabilidades mientras los planes se quedan sobre el papel». «El cumplimiento presupuestario en el agua es un auténtico desastre. Antes, las confederaciones eran un referente en Europa; hoy, cinco de sus nueve presidentes ni siquiera son ingenieros», señala. A este déficit técnico se suma la falta de personal cualificado: «Hay entre un 25% y un 30% menos de funcionarios que antes. Me consta que las confederaciones quieren refuerzos, pero lejos de atraer talento técnico, ocurre lo contrario. Los complementos específicos son bajos, la responsabilidad es alta y muchos ingenieros trabajan infradotados, sin medidores ni sistemas adecuados», añade. «Las prioridades del actual ministerio están en la energía y el agua se ha convertido en la ultima prioridad, en un apartado anecdótico», denuncia.