El escándalo de las mamografías, que ha puesto en peligro a un número indeterminado de mujeres que en la comunidad andaluza se han sometido a pruebas diagnósticas para prevenir el cáncer de mama, ha encendido las alarmas en la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno. A menos de nueve meses de las elecciones autonómicas, que como muy tarde se tienen que celebrar en junio del año que viene, la inquietud social causada por el abandono que han sufrido las mujeres ha devuelto al primer plano de la actualidad el deterioro de la sanidad pública en Andalucía, que sindicatos y plataformas sociales vienen denunciando desde hace años.Es verdad que, hasta ahora, la Junta se aferraba a la sensación de que la percepción del deterioro de los servicios públicos de salud no era generalizada. Pero lo ocurrido con las mamografías en Andalucía ha hecho sentir en primera persona, al menos a la mitad de la población, que el abandono de la sanidad pública tiene consecuencias reales y concretas. Y ahí es donde el Gobierno andaluz se ha dado cuenta de que tiene un problema.En el PP andaluz no creen que, a estas alturas, nada, ni siquiera lo ocurrido con el sistema de cribado para prevenir el cáncer de mama, vaya a poner en riesgo su posición en las encuestas. El colchón del PP en Andalucía, a falta de un año para las elecciones, es muy sólido, con cifras por encima del 40% de intención de voto, según todas las encuestas. El único riesgo es perder la mayoría absoluta y tener que apoyarse en Vox. Y eso sí preocupa a Moreno, muy cómodo en su papel de político centrado, un perfil poco compatible con una alianza con la ultraderecha. De momento, lo sucedido ya ha servido para que el propio presidente andaluz haya confirmado que agotará la legislatura.De ahí la reacción de Juanma Moreno. Tras los primeros titubeos, el presidente andaluz lamentó este miércoles los errores cometidos en las notificaciones a las mujeres que se hicieron el cribado de cáncer de mama y pidió disculpas a las que hayan podido verse afectadas, pero rechazó el cese de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tal y como habían solicitado los partidos de la oposición.“Cuando hay un error tenemos que ponernos en marcha y rectificarlo y mejorarlo”, subrayó. Ese “fallo”, como lo denominó Moreno, ha obligado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a contactar desde este jueves, “una a una”, con 2.000 mujeres que cuentan con pruebas dudosas (no concluyentes).Entre las medidas adoptadas, destaca la decisión de la Junta de ampliar el cribado a las mujeres de entre 45 y 75 años, con lo que el programa de detección precoz se ampliará en medio millón de andaluzas, que se sumarían a las alrededor de 1,3 millones de mujeres de entre 48 y 71 a las que ya se les presta este servicio de detección. Algo que, según Amama, la asociación de mujeres que han sufrido cáncer de mama que sacó a la luz el escándalo, solo va a servir para ampliar el cuello de botella existente ya en la comunicación de los casos dudosos.Mientras tanto, crece la indignación ciudadana por la desatención del sistema sanitario público. La sanidad andaluza ha sido el talón de Aquiles de Juanma Moreno desde que alcanzó la mayoría absoluta en 2023. Las convocatorias con impulso sindical o de las mareas blancas se suceden desde entonces y el malestar de los profesionales no ha dejado de crecer, con síntomas de hartazgo también entre los usuarios.Ya entonces, hace dos años, en el último barómetro sanitario del CIS, Andalucía recibía una nota de satisfacción de 5,89 puntos, cayendo al último puesto, que antes ocupaba Canarias. No es un dato aislado. Según la Estadística de Gasto Sanitario Público de 2023, la última disponible, Andalucía está a la cola en el dinero que dedica a sanidad por habitante: 1.648 euros, peor incluso que Madrid (1.719) y la Comunitat Valenciana (1.810), y a años luz de comunidades como el País Vasco (2.208 euros por habitante) o el Principado de Asturias (2.182).La cifra ha mejorado desde entonces, pero sigue entre las más bajas de España. Según el Sindicato Médico Andaluz, “este incremento del gasto sigue siendo insuficiente tanto en comparación con las comunidades mejor financiadas como en términos absolutos”.Es muy significativo, apuntan, que ese incremento “no se haya traducido en una mejora de la accesibilidad de la población a la asistencia médica. La demora en las citas médicas en Atención Primaria y las listas de espera hospitalarias siguen siendo inaceptables”. Como lo es que la respuesta de la Junta del PP, presidida por Juanma Moreno, haya sido destinar “cientos de millones de euros a la sanidad privada en Andalucía para reducir las listas de espera”, en lugar de incrementar los fondos destinados al sistema público.Las marchas en defensa de la sanidad pública, organizadas por la plataforma ciudadana Marea Blanca, en ocasiones con el respaldo de UGT, Comisiones Obreras, Satse y CSIF ―los cuatro sindicatos de trabajadores que, junto con el Sindicato Médico Andaluz, forman parte de la mesa de negociación con la Junta―, se suceden y son a menudo muy numerosas, poniendo de manifiesto que el malestar ciudadano cotiza al alza.En total, más de dos millones de andaluces permanecen atrapados en listas de espera sin diagnóstico. Los últimos datos publicados señalan que las especialidades en peor situación son precisamente las de mayor indicación quirúrgica —traumatología, oftalmología y cirugía general—, con decenas de miles de pacientes adicionales en solo un año.En pruebas diagnósticas no hay datos oficiales, pero el sector calcula que más de un millón de andaluces esperan un TAC, una resonancia, una mamografía o una simple ecografía. El sistema camina poco a poco hacia el colapso, porque sin pruebas no hay diagnóstico y sin diagnóstico no hay tratamiento ni cirugía.Mientras tanto, el dinero público fluye hacia la privada. Solo en 2024, el Gobierno andaluz ha destinado 579 millones de euros a clínicas concertadas para “rebajar” las listas. Desde 2019, la cifra asciende a casi 4.000 millones de euros, sin que eso haya desembocado en una mejora en las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas.El dinero asignado este año a sanidad en los Presupuestos de la Junta de Andalucía es de 15.088,3 millones de euros, un 7,2% más que en 2024. Pero casi la mitad de ese incremento (489 millones) ha ido a parar a empresas privadas: 88,8 millones a la asistencia sanitaria con medios ajenos (conciertos para intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas en centros privados, diálisis…); 62,6 millones a transporte sanitario o empresas de lavandería, catering o limpieza, entre otras; y, sobre todo, al gasto farmacéutico (337,4 millones).Según datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2023, en el sistema andaluz trabajaban entonces 26.589 profesionales de la medicina (incluyendo personal en formación sanitaria especializada). La tasa por cada mil habitantes es de 3,1, la más baja de las 17 comunidades autónomas. Andalucía queda también por debajo en la tasa de profesionales de Atención Primaria (médicos de familia y pediatras). La tasa estatal era en 2023 de 1,03 por cada mil habitantes, y la andaluza de 0,99.La insatisfacción de la población con el estado de la sanidad andaluza no deja de crecer. Es verdad que lleva por debajo de la media nacional desde 2016, mucho antes de la llegada del PP a la Junta, pero también lo es que desde que Moreno gobierna las cifras están en mínimos históricos y bajan cada año.Son datos que hablan por sí solos y que el Gobierno del PP ha tratado de contrarrestar acusando de alarmismo a los defensores de la sanidad pública, anunciando sucesivos planes de choque que apenas han conseguido resultados y recurriendo sobre todo a la privada. Un negocio al alza, a la vista de los datos de la patronal del seguro: de los 8,4 millones de habitantes en Andalucía, dos millones ya tienen un seguro de salud privado. Es decir, en 2024 el 23% de la población tenía contratada una póliza de salud, mientras que en 2014 era el 15,4%.Para colmo, la sanidad pública de Juanma Moreno está siendo investigada por la justicia por presunta malversación y prevaricación en la adjudicación de contratos de emergencia entre 2021 y 2023.