El Gobierno da un nuevo paso en su contraofensiva para garantizar el derecho al aborto. Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid han recibido un requerimiento formal por parte del Ejecutivo en el que se les da tres meses para crear y regular el Registro de Personal as Objetoras, con el objetivo de evitar dificultades en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la privada y otros territorios. Con este requerimiento, fuentes del Gobierno argumentan que se busca "garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad".Seguir leyendo....