El magistrado les interrogará los días 15 y 16 de octubre sobre los "ingresos irregulares y opacos" que ambos habrían recibido de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes Los ingresos sin justificar de Ábalos apuntan a mordidas pagadas por empresarios El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado de nuevo a declarar como investigados al exministro José Luis Ábalos y a quien fue su asesor, Koldo García, tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntala los indicios del cobro de mordidas por parte del que fuera titular de Transportes y ‘número tres’ del PSOE. Los cita a declarar para los próximos 15 y 16 de octubre, respectivamente. En un auto, el juez señala que el informe de la UCO “viene a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban en el presente procedimiento con relación a ambos investigados”. Según el juez, ambos habrían mantenido “métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen”. El magistrado explica que el informe policial contiene “consistentes indicios” de que Koldo García se hacía “cargo” regularmente de pagos de quien fuera su jefe por “un importe verdaderamente significativo en términos económicos”. Y considera que al analizar los ingresos regulares obtenidos por Ábalos con sus gastos ha quedado “indiciariamente justificado” que Ábalos se benefició de “alguna fuente irregular de ingresos”. En este sentido, el juez pone el foco sobre el hecho de que entre los años 2018 y 2023, Ábalos no realizó reintegro de efectivo alguno de sus cuentas bancarias frente a lo que había venido sucediendo hasta entonces y volvió a producirse a partir del año 2024. El auto indica que los indicios resultan de interés, tanto en relación con la causa centrada en los contratos de mascarillas, como con respecto a los hechos que conforman la pieza separada que abrió el pasado 23 de septiembre para investigar lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas.