El comisionista Aldama, el PP y sus medios afines difunden medias verdades y mentiras completas contra la trama ilegal del exministro Ábalos y su asesor Koldo García Los ingresos sin justificar de Ábalos apuntan a mordidas pagadas por empresarios El escándalo de la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos (2018-2021) amenaza con tumbar al Gobierno y crece a base de revelaciones graves, pero también de exageraciones, medias verdades y bulos completos. El comisionista Víctor Aldama –imputado en varias causas y corrupto confeso–, el Partido Popular –al que apoya con entusiasmo este supuesto delincuente– y los medios de comunicación afines a la formación conservadora –donde el empresario bajo sospecha coloca habitualmente sus graves acusaciones sin pruebas– impulsan desde hace meses una campaña contra el Gobierno cargada de mentiras y desinformación a cuenta del caso Koldo/Ábalos. Mientras tanto, las andanzas ilegales de la trama corrupta, muchas acreditadas durante la investigación judicial iniciada hace más de dos años, mantienen en vilo al Ejecutivo. El protagonista principal del escándalo, José Luis Ábalos, fue mano derecha de Pedro Sánchez en el partido, como secretario de Organización, y en el Gobierno, como ministro de Transportes. El comisionista Aldama, motor del escándalo, fue durante al menos tres años –entre 2018 y 2021– el “nexo corruptor” en el ministerio, sobornando con dinero y favores a Ábalos y a su asesor principal, Koldo García, según algunas de las pruebas que ha reunido la investigación judicial. Ábalos ordenó colocar a varias mujeres en empresas dependientes de su ministerio y un testaferro de Aldama pagó durante más de dos años el alquiler de un apartamento para quien fue la pareja sentimental del exministro. El nexo corruptor, Víctor Aldama, se enriqueció a su vez –ganó seis millones de euros por intermediar en el contrato de mascarillas que le adjudicó a dedo el Ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia– y confesó al juez que también participó en una red de amaño de contratos de obra pública repartiéndose las mordidas con Ábalos y Koldo García. Pero a estas alturas, pese a todos los indicios de delito que apuntan a Ábalos y a Koldo, nada de lo investigado y descubierto hasta ahora, acredita la corrupción en el PSOE que desde hace meses anuncian “en exclusiva” diversos medios a los que jalea el PP. El último informe de la UCO, que como otros anteriores recoge algunos errores de bulto, ha provocado titulares sobre la 'caja B' y la financiación irregular del PSOE en los medios habituales y sin ninguna base. A esta trama corrupta, la más grave en la reciente historia del PSOE, le han brotado en el último año numerosos bulos. Son los que siguen: Sin caja B ni financiación ilegal a la vista La fotografía de un sobre con el logo del PSOE y una ventana transparente por la que se podían ver billetes de distinto valor desató el pasado viernes todo tipo de teorías conspirativas sobre la 'caja B' o la “financiación irregular” del PSOE. Pero el informe de la Guardia Civil sólo daba cuenta de un sistema primitivo de pagos en metálico a los dirigentes socialistas por sus gastos a justificar mediante recibos o facturas. La mayoría de empresas efectúa estas liquidaciones de gastos previa presentación de las facturas mediante trasferencia bancaria. Imagen de un sobre con dinero incorporada al informe de la UCO. El PP mantuvo durante casi 20 años una 'caja B' en la que ingresaba donativos de contratistas prohibidos por ley. Con ese dinero nunca declarado a Hacienda –ocho millones de euros entre 1990 y 2009– se pagaron sobresueldos en 'B' a sus principales ejecutivos –varios cientos de miles de euros por directivo– o se financiaron parte de las obras de reforma de la sede del PP. De esa 'caja B' queda constancia en dos sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo. Cuando ocurrieron estos hechos, el Código Penal no incluía todavía el delito de financiación ilegal. Por su parte, ahora el PSOE ha remitido al Supremo una relación de los pagos en metálico a José Luis Ábalos y su asesor Koldo García a través de la caja del partido alimentada con fondos legales y declarada al Tribunal de Cuentas, según aseguran los dirigentes socialistas. La Guardia Civil tan solo ha detectado que las cantidades de algunos sobres sobre los que la mujer de Koldo, secretaria de Ábalos, informaba por WhatsApp a su marido no coinciden con las consignadas por el PSOE en el informe remitido al Supremo. Pero el propio PSOE se ofreció al pasado viernes a despejar dudas sobre esa sospecha. La Guardia Civil precisa una diferencia de 505 euros en una de las entregas a Ábalos en sobres. El PSOE explica esa diferencia porque la cantidad que falta correspondía a gastos de colaboradores de Ábalos en la secretaría de Organización. Fuentes socialistas indican sin poder acreditarlo que, probablemente, el exministro de Transportes pasaba gastos que no eran suyos. Pero ese supuesto engaño no acredita ni la existencia de una 'caja B' ni la financiación irregular del PSOE. De momento. El juez instructor de este caso no ha apuntado en ninguno de sus autos a la existencia de indicios de financiación irregular del PSOE. Este delito se introdujo en el Código Penal de 2015 y las penas varían, según la cuantía de las aportaciones ilegales, desde una multa a cuatro años de cárcel y en el caso más grave la suspensión por cinco años de la actividad de la formación política. Medio Gobierno, Begoña Gómez y el fiscal general, con fortunas en República Dominicana: todo falso Aldama aireó en la cadena Cope, escenario habitual de sus acusaciones sin pruebas, que al menos seis ministros del Gobierno, la mujer del presidente y el fiscal general del Estado escondían grandes cantidades de dinero en bancos de la República Dominicana. Aldama “había visto pantallazos” que demostraban, por ejemplo, que Begoña Gómez escondía en ese país hasta “seis millones de dólares”. El comisionista conocía la denuncia que había presentado un particular el 13 de enero de 2025. “Lo tiene muy bien atado. He visto la trazabilidad de las cuentas. Me parece gravísimo”, declaró Aldama en la Cope. El empresario Víctor de Aldama. La patraña de Aldama tenía su origen en una denuncia por escrito presentada por un particular en la Fiscalía Anticorrupción y en el Senado con unos documentos que, a simple vista, parecían una burda falsificación. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP) remitió la denuncia a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien a su vez la envió para su análisis a la sala segunda del Tribunal Supremo. Mientras tanto, en la Fiscalía Anticorrupción tardaron muy poco en ahuyentar la sospecha por su “nula credibilidad”.“Los documentos aportados”, señaló Anticorrupción, “no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte los documentos de los bancos a que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”. Solo ocho meses después de aquel colosal bulo, Aldama volvió a las andadas en la Cope: “Podemos hablar de Indra. Ellos [los dirigentes socialistas] hablaban en las generales de las famosas urnas que llegaban a Ifema, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora, de fraude electoral”. No hay una sola prueba de que la empresa Indra o el PSOE manipulasen el proceso electoral. Aldama, en libertad tras prometer que colaboraría con la Justicia aportando información relevante sobre el caso Koldo, lleva meses desparramando acusaciones muy graves sin pruebas contra el Gobierno y el PSOE. Ni rastro del Audi para Cerdán ni del Volvo para su mujer Unas semanas antes de que la UCO remitiese al juez el informe que implicaba en el amaño de contratos de obras públicas a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, algunos medios afines al PP aireaban el supuesto contenido de ese informe. Uno de ellos llegó a asegurar que Víctor Aldama había “sufragado dos vehículos a Santos Cerdán, un coche de la marca Audi para el número tres del PSOE y un Volvo para su esposa”. El informe llegó finalmente, y provocó que el juez ordenase el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdan, al que atribuía la jefatura de una trama corrupta para amañar contratos a cambio de comisiones ilegales por valor de al menos cinco millones de euros. Pero ni el Audi ni el Volvo aparecieron por ningún lado. Unos gastos de 800.000 euros de Ábalos que ocultaban la financiación ilegal del PSOE Otro de los medios afines al PP aireó hace días que la investigación de la Guardia Civil había destapado que Ábalos había presentado al PSOE gastos por 800.000 euros en 30 meses para complementar su salario (un plus de 27.000 euros mensuales). La UCO, de momento, no ha encontrado nada parecido, ni siquiera se ha aproximado a esas cifras: en 10 años, Ábalos gastó 95.000 euros sin justificación, de origen desconocido, según la Guardia Civil. Ni dos millones en un piso de Colombia, ni medio millón de euros en dietas exentas La UCO confundió los pesos colombianos con dólares y atribuyó a Ábalos una propiedad en Colombia valorada en dos millones de dólares, en realidad eran pesos colombianos que, al cambio, apenas superaban los 700 euros. La UCO tuvo que rectificar. Más tarde, aludió a numerosos “pagos exentos de gravamen” al exministro de Transportes que sumaban 508.000 euros. En realidad, era un error del propio ministerio dado que ese dinero correspondía a los gastos en dietas y desplazamientos del personal que acompañaba a Ábalos en los viajes institucionales. No obstante, esas cantidades atribuías a Ábalos siguen apareciendo en el último informe de la UCO sin aclarar que se trata de un error del ministerio al contabilizar el pago de dietas y desplazamientos.