Construir y construir más casas no será la solución a la actual crisis de vivienda. Deben ser asequibles y habitables, en barrios pensados para los ciudadanos con los que construir comunidades intergeneracionales. Esta demanda ante la crisis habitacional que vive la UE se repite entre representantes políticos de Zagreb, Lyon o Ámsterdam, expertos de París y Utrecht o entre los movimientos sindicales de Italia y Francia.Con unos precios de la vivienda disparados, aumentando de media entre un 10% y un 20% anual en las grandes ciudades del continente según datos de Eurostat, la Comisión Europea se ha puesto las pilas y tiene por primera vez en su historia a un responsable específico trabajando en un Plan de Vivienda Asequible que debe presentarse en los próximos meses. Sin embargo, las soluciones que empiezan a circular por Bruselas suenan a una melodía de hace años, cuando la burbuja inmobiliaria generó una escalada de precios y un auge crediticio en países como Irlanda, España, Bélgica o en Estados Unidos que terminó por estallar.El borrador del informe de trabajo del Comité Especial de Vivienda en el Parlamento Europeo tampoco frena las críticas en parte de la clase política comunitaria, de expertos o de la sociedad civil involucrada en la lucha por una vivienda asequible. Elaborado por el eurodiputado popular Borja Giménez Larraz, señala que “la mayor causa de la crisis es la limitada oferta en stock, resultando en una construcción insuficiente y baja inversión”, en parte por “una excesiva fiscalidad”. Además, identifica “la importancia de la propiedad de inmuebles como un factor de estabilidad” al tiempo que apuesta por “facilitar las hipotecas a los jóvenes” e insiste en que la UE debe “prevenir y afrontar todas las formas de ocupación ilegal de casas”.El informe de Larraz, sin embargo, no propone una construcción decidida de stocks públicos de inmuebles, sólo habla de que la “vivienda pública contribuye a aumentar la oferta para los grupos vulnerables” y sobre la necesidad de rehabilitar edificios sin uso en “casas sociales”. Ni los miles de pisos y apartamentos vacíos en todos los Estados miembros con fines especulativos o la desmedida proliferación de su uso turístico aparecen en el documento del eurodiputado del PP.Frente a estas propuestas, otras medidas están sobre la mesa en Bruselas. El alcalde de Zagreb, Tomislav Tomašević, en un encuentro con el comisario europeo de Vivienda, el danés Dan Jørgensen, habló precisamente de los problemas inmobiliarios provocados por la turistificación de los inmuebles en su ciudad, donde hasta este año había unos 55.000 pisos vacíos, ya que “Croacia era posiblemente el único país de la UE donde si alquilabas a turistas o a corto plazo, pagabas menos impuestos que en los contratos de alquiler a residentes”.La capital croata acaba de impulsar el primer cambio de su gran plan urbanístico en nueve años con controles de precios al alquiler y una apuesta por la vivienda pública, un cambio respecto a los diez años anteriores donde, bajo la ausencia de una supervisión estricta, “los precios de los apartamentos se duplicaron”, explica Tomašević, y eso que “se construían en torno a 3.000 pisos al año”.Las urgencias de Bruselas para atender estos frentes han acelerado los trabajos internos de la Comisión, que presentará antes de final de año su Plan de Vivienda Accesible, adelantando su propio calendario. El comisario de Vivienda, Jørgensen, viene de confirmar públicamente lo que fuentes de su equipo habían explicado a infoLibre hace unos meses: que Bruselas pretende doblar las partidas para inmuebles, su construcción y renovación en los presupuestos de la UE. El objetivo es hacer que “los Estados miembros, las ciudades y las regiones dirijan más fondos de la UE hacia la vivienda sostenible”, explica el político socialdemócrata, “aliviando las cadenas del gasto nacional”.La expectativa es que cuando Jørgensen se suba al podio de la Comisión a mediados de diciembre, anuncie para las inversiones en vivienda pública una flexibilidad de las normas de gasto de las administraciones al contabilizar el déficit. Con estas inversiones, más de medio centenar de alcaldes de grandes ciudades agrupados en Eurocities exige la construcción de nueva vivienda pública y social.Renault Payre, vicepresidente de la región metropolitana de Lyon, pone como ejemplo que en su localidad ya hay cerca de 80.000 personas que disponen de alojamiento social. Payre habla de dos ejes sobre los que actuar con esta intervención pública: el primero sería “alojamiento incondicional cualquiera que sea la nacionalidad de la persona que está en la calle”. Esto exige, según la experiencia desarrollada en Lyon, “alianzas con los promotores, reformas de los edificios públicos vacíos y también de viviendas abandonadas”.El segundo eje, explica Payre, es “un plan de alojamiento asequible, que actualmente nos ocupa la gran parte del trabajo. En la metrópolis de Lyon estamos ensayando en una cooperativa de alquiler asequible que nos permitirá en el día de mañana adquirir inmuebles que hoy en día están vacíos”.En Ámsterdam se ha prohibido la construcción de nuevos espacios hoteleros o las licencias para apartamentos turísticos, con el objetivo de evitar la falta de viviendas para sus ciudadanos. También fue una de las ciudades pioneras en aplicar elevados porcentajes en las nuevas construcciones para vivienda social. “Desde 2018, sea lo que sea lo que se construya, el 40% tienen que ser pisos sociales, otro 40% con precios asequibles y sólo un 20% para rentas altas”, expone en el Parlamento Europeo Marieke van Doornick, antigua consejera en el Ayuntamiento de Ámsterdam. Aun así, lamenta la política neerlandesa, “la impresión es la de ir siempre por detrás de los que hacen dinero con la vivienda”.Si el Plan de Vivienda Asequible cuenta con miles de millones en fondos de la UE se ve como una oportunidad para cambiar ciertos paradigmas en la planificación urbanística y los desarrollos inmobiliarios del continente. La eurodiputada socialista Alicia Homs, miembro del Comité Especial de Vivienda, ha llegado a exigir 100.000 millones de euros a fondo perdido, gracias a transferencias y subvenciones que los países no tendrían que devolver a Bruselas siguiendo el modelo de los Next Generation de la pandemia. Según los datos del comisario Dan Jørgensen, 47 millones de personas en la UE no pueden permitirse calentar sus hogares. Entre las demandas que recibe su equipo de cara a los próximos presupuestos comunitarios, se reclaman fondos para renovación de viviendas en los Estados miembros, hasta llegar a crear un vasto programa de inversión.La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, insiste en la necesidad de “un fondo europeo propio para la vivienda, no basta con los recursos disponibles en la actualidad”. Además, señala que este debería actuar en la rehabilitación de inmuebles porque, pone como ejemplo, en Galicia una cuarta parte de los hogares experimentan algún tipo de pobreza energética.En toda la UE, cerca de dos millones de ciudadanos sufren problemas y enfermedades respiratorias, como el asma, relacionadas con la humedad y los problemas de aislamiento de sus viviendas, según datos del Instituto Europeo de Comportamiento de Inmuebles. Para su director ejecutivo, Olivier Rapf, “las medidas aplicadas ante la pobreza energética y sus problemas derivados son remedios temporales. Los países ofrecen subsidios en vez de invertir en la renovación de los edificios”.Rapf pide cambiar la narrativa sobre las inversiones en la vivienda a la hora de abordar el aislamiento, los problemas energéticos o su adaptación ante el cambio climático. “Si usamos la palabra caro para esta inversión no es correcto. Caro significaría que no nos lo podemos permitir, cuando de lo que hablamos es de una inversión que mejoraría la resiliencia de los inmuebles ante el cambio climático”.Alcaldes, representantes municipales y expertos urbanísticos hablan de ese cambio de paradigma por que cual los edificios, pese a ser bienes privados, deben considerarse infraestructura pública. La ambición de Bruselas para que así sea se comprobará en diciembre. De momento, los populares españoles intentan condicionar en sentido contrario el debate en el Parlamento Europeo.