El Gobierno ha pedido prudencia ante la escalada del conflicto en Irán, pero a la vez ha abierto la puerta a desplegar medidas fiscales si la crisis en Oriente Próximo se agrava. El temor es que pueda desembocar en una espiral inflacionaria parecida a la que se desató en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, que obligó a desplegar ayudas de distinta naturaleza para mitigar el golpe de los precios en el bolsillo del consumidor. Todas las miradas están ahora puestas en los precios energéticos, que han empezado a subir como la espuma porque el conflicto afecta a una zona estratégica: el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo que se consume en el mundo y cerca de una quinta parte de los buques que transportan el gas. Seguir leyendo