La reciente subida del precio del gas natural vuelve a evidenciar una debilidad estructural del sistema energético español. En los últimos días, la referencia europea –el índice TTF holandés– ha registrado subidas superiores al 20 por ciento, impulsadas por la tensión geopolítica en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre el comercio energético global. Como ocurre de manera recurrente, el efecto se traslada de inmediato a nuestro mercado eléctrico. La razón es bien conocida. El sistema marginalista hace que la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda determine el precio final de toda la electricidad. Cuando el gas entra en el mix para asegurar el suministro, el conjunto del mercado se encarece. De hecho, en pocos días el precio mayorista ha pasado de niveles cercanos a 20 euros por megavatio/hora a 90 euros, en gran medida por el mayor peso de los ciclos combinados. Estos ciclos combinados cumplen una función imprescindible, sobre todo desde el apagón de abril de 2025. Son el respaldo que mantiene el sistema estable cuando las renovables no cubren la demanda, lo que sucede con frecuencia. Sin ellos, el riesgo de tensiones en el suministro sería real. Pero esa dependencia implica una consecuencia inevitable: cada crisis internacional que eleva el precio del gas acaba repercutiendo en la factura eléctrica de hogares y empresas. Precisamente por eso resulta incomprensible que España mantenga su calendario de cierre nuclear, cuyo primer paso significativo será la clausura de la central de Almaraz . La energía nuclear aporta generación estable y libre de emisiones y es capaz de reducir la necesidad de recurrir al gas. Prescindir de esa capacidad sin disponer aún de alternativas firmes supone aumentar la exposición del país a un combustible importado y volátil. La paradoja política es aún mayor si se observa lo que ocurre en Europa. La Comisión Europea prepara una estrategia industrial para impulsar los pequeños reactores nucleares modulares como parte de su autonomía energética y de su política de descarbonización. La propia Teresa Ribera, que como ministra defendió el cierre progresivo del parque nuclear, participa ahora en esa estrategia, destinada a desarrollar la nueva tecnología nuclear en el continente. Desgraciadamente, sus nuevas ideas sólo rigen en Bruselas: sus viejos prejuicios se quedaron aquí para siempre. El Gobierno persiste en un calendario de cierre que responde más a los sesgos ideológicos que a un análisis estratégico. La experiencia alemana debería servir de advertencia. El abandono acelerado de la energía nuclear en ese país terminó aumentando su dependencia del gas y debilitando su seguridad energética. España corre el riesgo de reproducir ese error. La transición energética exige avanzar en renovables, pero también garantizar estabilidad y seguridad de suministro. Mantener operativas las centrales nucleares hasta que existan alternativas firmes no es una concesión al pasado, sino una decisión de responsabilidad. De lo contrario, cada nueva crisis internacional volverá a recordar el coste de haber prescindido de una de las pocas fuentes de energía capaces de aportar estabilidad al sistema.