Adriana Guillén, presidenta de Asocajas. Foto: Asocajas.El reciente anuncio Gustavo Petro, presidente de Colombia, sobre la posible liquidación de varias EPS que se encuentren en quiebra ha encendido las alertas en distintos sectores del sistema de salud, especialmente entre las Cajas de Compensación Familiar, que tienen participación en algunas de estas entidades.En este contexto, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas, tomó distancia frente a las decisiones que se han venido adoptando sobre las EPS intervenidas.Destacado: Así será la liquidación de las EPS en quiebra tras orden de Petro: MinHacienda explica paso a pasoEl gremio recordó que, tras la medida de intervención forzosa para administrar, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, las cajas fueron removidas de los órganos de gobierno corporativo de estas entidades.Esto implica que actualmente no tienen ninguna injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas ni estratégicas de EPS como Nueva EPS, Saviasalud, Famisanar y Servicio Occidental de Salud. En consecuencia, todas las determinaciones están en manos de los agentes interventores designados por la Supersalud.Adriana Guillén de Asocajas. Foto: AsobancariaA su vez, Asocajas criticó estas acciones y advirtió que las intervenciones no han logrado restablecer las condiciones que motivaron su adopción. Por el contrario, asegura que han profundizado el deterioro financiero de estas EPS, cuya situación —según el gremio— es hoy más crítica que antes de la intervención.Cabe resaltar que, entre 2022 y 2025, la deuda de estas entidades se incrementó de manera significativa, superando el 70 % en varios casos.No obstante, el deterioro no se limita a las EPS intervenidas. Según el gremio, aquellas con participación de las cajas que no han sido objeto de medidas también registran un empeoramiento acelerado en 2025, lo que confirmaría una crisis estructural de sostenibilidad en el sistema de salud, cuyos signos ya eran visibles antes de 2022.Esta situación, además, se ha traducido en un impacto directo sobre los usuarios. Asocajas señaló un aumento sostenido en las peticiones, quejas y reclamos, lo que evidencia un deterioro en el acceso a los servicios de salud y sugiere que las medidas adoptadas no están protegiendo de manera efectiva a los afiliados.Cambios para las EPS en Colombia. Fotos: Presidencia y Nueva EPSUno de los casos más críticos es el de la Nueva EPS, que a agosto de 2025 registraba 626 peticiones, quejas y reclamos por cada 10.000 afiliados. A esto se suma la falta de información financiera completa, lo que —según el gremio— genera incertidumbre, limita la transparencia y dificulta la toma de decisiones en un momento clave para el sistema.El panorama también impacta el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ya que desde 2024 no se reporta información sobre los costos en salud de esta entidad, que atiende a cerca de 11 millones de afiliados, es decir, más del 20 % del total del sistema.Frente a este escenario, Asocajas pidió una revisión profunda de la estrategia de intervención y la adopción de medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema y el acceso oportuno a los servicios de salud.Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que la responsabilidad sobre estas decisiones recae exclusivamente en el Gobierno Nacional, tanto en la garantía de los recursos del aseguramiento como en la gestión de las intervenciones, y reiteró que desde 2024 las cajas no participan en las decisiones financieras, técnicas ni estratégicas de las EPS intervenidas.