Congreso de Colombia. Foto: @AngelicaLozanoCEl Congreso ya entró en su tramo más sensible de 2026. Desde el 17 de marzo, el Senado retomó sesiones ordinarias y abrió formalmente el último periodo legislativo del actual Congreso, una etapa en la que varias iniciativas de alto impacto dejaron de ser simples pendientes para convertirse en proyectos contra el reloj. Le puede interesar: Los 22 millones de pacientes que cambiarían de EPS tras anuncio del presidente Petro La diferencia no es menor: lo que no logre avanzar en este cierre de ciclo tendrá un camino mucho más incierto, justo cuando siguen abiertos debates que tocan salud, finanzas territoriales, acceso a servicios y arquitectura institucional del Estado. La señal más clara del momento político la dio el propio Senado al instalar una agenda centrada en la reforma al Sistema General de Participaciones y en la apelación de la reforma a la salud, dos expedientes que resumen buena parte de la tensión del semestre: de un lado, la discusión por más recursos y competencias para las regiones; del otro, la posibilidad de revivir o cerrar definitivamente uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno Petro. Los proyectos que entran en fase definitiva en el Congreso El primer frente clave es la ley de competencias, la pieza que debe aterrizar la reforma al Sistema General de Participaciones. La Cámara ya había aprobado en 2024 la reforma constitucional que elevó de 20 % a 39,5 % la participación territorial en los ingresos corrientes de la Nación, con foco en educación, salud y saneamiento básico. Lo que ahora está en juego es la ley orgánica que debe definir cómo se distribuyen recursos y responsabilidades entre Nación y territorios, un asunto decisivo para gobernadores y alcaldes porque de allí depende que la descentralización deje de ser una promesa constitucional y se convierta en una regla operativa del gasto público. El segundo expediente es la reforma a la salud, que llega a esta fase final en un estado excepcional: no está viva plenamente, pero tampoco cerrada del todo. El proyecto fue archivado en la Comisión Séptima del Senado en diciembre de 2025, pero la apelación presentada por el senador Fabián Díaz obliga ahora a la plenaria a decidir si el recurso procede. Si la plenaria la acoge, la iniciativa podrá ir a otra comisión constitucional para continuar su trámite; si la rechaza, el archivo quedará en firme. Esa decisión convierte a la salud en uno de los temas con mayor tensión política del semestre, porque ya no se discute solo el contenido de la reforma, sino su propia supervivencia legislativa. A ese núcleo duro se suma la Jurisdicción Agraria y Rural, un proyecto estatutario que busca establecer la integración y estructura de esa jurisdicción en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023. Su importancia no es simbólica: toca el andamiaje institucional para resolver conflictos sobre tierra y ruralidad en un país donde la seguridad jurídica agraria sigue siendo una deuda histórica. La ficha oficial de la Cámara muestra que el proyecto sigue en curso, pero su condición de ley estatutaria y el poco tiempo político disponible elevan la presión sobre su trámite. En una dimensión similar aparece la Jurisdicción Indígena, cuyo objeto es reglamentar el artículo 246 de la Constitución y coordinar la Jurisdicción Especial Indígena con el sistema judicial nacional. Puede interesarle: La condición que impuso la Corte al aumento anual de las mesadas pensionales en los fondos privadosLa Cámara registra esta iniciativa como el proyecto 496 de 2025 Cámara / 050 de 2025 Senado, actualmente en Comisión Primera. Su alcance es institucional y constitucional: busca dar reglas de articulación entre sistemas de justicia, un tema sensible para la seguridad jurídica, la autonomía de los pueblos indígenas y la relación entre jurisdicciones. Otro de los proyectos que llegó a zona crítica es el del Ministerio de Igualdad y Equidad. La discusión no es menor, porque el Senado ya había advertido en febrero que este era uno de los temas sobre la mesa para el nuevo periodo legislativo, y luego señaló que la iniciativa entró en fase decisiva por una razón concreta: la continuidad jurídica del ministerio debe resolverse antes de julio de 2026, luego de la revisión de constitucionalidad de la Corte. En términos políticos, eso significa que el Congreso debe decidir en semanas si deja en firme una de las apuestas institucionales más visibles del Gobierno o si la deja sin piso legal duradero. Los proyectos con impacto directo para ciudadanos y usuarios Aunque el foco público suele concentrarse en salud y grandes reformas, el cierre legislativo también deja espacio para iniciativas con efecto más inmediato sobre usuarios y consumidores. Una de ellas es el proyecto de acceso a servicios bancarios básicos y fortalecimiento de la protección al consumidor financiero, que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado por 11 votos contra uno. Su propósito es eliminar barreras económicas de entrada al sistema financiero y reforzar garantías para quienes usan productos bancarios, un asunto relevante en un país donde la inclusión financiera avanzó, pero todavía convive con costos y fricciones de acceso. También sigue en tránsito el proyecto que busca eliminar el cobro por reconexión en servicios públicos domiciliarios. El Senado reportó su aprobación en Comisión Sexta en octubre de 2025 y explicó que la medida busca aliviar los gastos de hogares de estratos 1, 2 y 3, al impedir cobros adicionales por reinstalar servicios en el domicilio del usuario. En un entorno de presión sobre tarifas y costo de vida, este tipo de iniciativas puede ganar visibilidad política, precisamente porque conecta de forma directa con el bolsillo. La fase definitiva del Congreso no se medirá solo por el número de proyectos aprobados, sino por cuáles logran superar el embudo institucional de las próximas semanas. Lea también: Neobanco Revolut acelera su llegada a Colombia y ya está contratando: así puede aplicar Lo que viene, en otras palabras, no es un cierre rutinario. Es una etapa en la que el Congreso ya no discute desde la comodidad del tiempo largo, sino desde la presión del último tramo dado que cerrará sus sesiones ordinarias de la legislatura actual el 20 de junio, y lo que no logre llegar a consenso terminará hundiéndose como sucede con la inmensa mayoría de proyectos de ley.