“¿De quién es este preso?”. Con esa pregunta han iniciado sus gestiones en los últimos años los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, al frente de la ONG Foro Penal. La organización ha defendido a más de 14.000 perseguidos, presos políticos y familiares de los asesinados en las primeras protestas contra el chavismo, las del 11 de abril de 2002. En su despacho se guarda parte de la memoria de dos décadas de violencia política y deriva autoritaria, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta dejar atrás, presionada por la intervención militar del 3 de enero en la que su antiguo jefe, Nicolás Maduro, fue sacado del poder.Seguir leyendo