El escándalo en la adjudicación de pisos protegidos entre altos cargos afines en Alicante al PP ha destapado lo lejos que ha llegado el proceso de privatización de las políticas de promoción de vivienda pública en algunas comunidades. En concreto, Madrid y la Comunidad Valenciana lideran un modelo que en los últimos años está suponiendo descalificaciones masivas de viviendas de protección oficial (VPO), la pérdida de suelo público y adjudicaciones directas por parte del promotor sin apenas control. El Gobierno central ha buscado blindar el parque de vivienda pública supeditando el acceso de las comunidades a recursos estatales a que las casas de nueva construcción protegidas lo sean de por vida. Sin embargo, las autonomías del PP solo están accediendo a esa condición para las promovidas por la Administración y no por los privados, pese a que estos cuenten con ayudas públicas. En Madrid y la Comunidad Valenciana, según el Ministerio de Vivienda, más del 90% de los pisos protegidos son proyectados por empresas privadas.Seguir leyendo