Aragón asumirá el 25% del plan Corresponsables que recortó Igualdad en este curso y las familias no abonarán el servicio de Madrugadores

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La Consejería de Educación del Gobierno de Aragón ha comunicado que el Ejecutivo autonómico va a asumir el 25 por ciento del Plan Corresponsables que ha recortado este curso por el Ministerio de Igualdad. «No vamos a abandonar a las familias ante una injusticia más del Gobierno de Pedro Sánchez», ha aseverado la titular Tomasa Hernández, quien también recordó que Igualdad financiaba la totalidad de este plan dirigido a la conciliación y en el mes de mayo, en conferencia sectorial, decidió imponer una cofinanciación obligatoria, sin diálogo, sin dejar margen de respuesta a las comunidades y sin explicar a qué dedicará el ministerio el 25 por ciento de este presupuesto que estaba destinado al plan y del que disponen en sus presupuestos. «El refrán dice que a quien madruga, Dios le ayuda, pero en nuestra comunidad a quien madruga, Sánchez le recorta un 25 por ciento », censuró la consejera. Advirtió a las familias que «no deben sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez» tras publicarse el malestar de muchas familias por no saber qué precio acarrearía todavía el servicio, ya restablecido en los colegios con la vuelta a las aulas. Según Hernández, «mientras el Gobierno de Sánchez y de Pilar Alegría recorta fondos para la conciliación, pretende engañar a las familias culpando a las comunidades del recorte que Igualdad impone, y deja tirados a los aragoneses, el Gobierno de Aragón realizará otro esfuerzo y asumirá ese 25 por ciento porque no va a permitir que las familias aragonesas padezcan la injusticia y el fanatismo de las medidas de Sánchez». El recorte en el Plan Corresponsables diseñado en su día por el Ministerio de Irene Montero se producirá en todo el territorio nacional. Los colegios aragoneses transmitieron ayer a todas las familias que se habían interesado por hacer uso en este curso académico 2025-26 del llamado servicio de Madrugadores el contenido de una misiva, firmada por Ana María Moracho, directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente. En dicha misiva, se asume que el Ejecutivo autonómico asumirá el coste del servicio, sin dar cifras. Dependiendo del volumen de niños que hacen uso del servicio por centro, acarreaba un coste u otro.