La noticia parece sacada de un sainete, pero cuenta con más trazas de realidad de la que uno podría imaginar: el Ayuntamiento de Fuengirola saca adelante una licitación para la contratación de un gabinete de detectives privados que se dedican a cazar bajas fraudulentas.Una medida drástica, a la par de controvertida, con la que la citada casa consistorial pretende hacer frente a un mal endémico que asola, no solo a estos funcionarios públicos, sino a otros estamentos de trabajadores. Y es que, la picaresca de la baja mal entendida y peor practicada se sirve en generosas dosis a pesar de que se cifra en pérdidas millonarias este tipo de prácticas. De hecho, el absentismo laboral, supone una media de 81.000 millones de euros anuales —ahí es nada—, lo que supone un 5,4% del PIB del país. Dicho en cristiano paladín: ser pillo o caradura cuesta mucho dinero.Que la Administración Pública tenga que recurrir a este tipo de medidas de vigilancia privada para asegurar que el dinero del contribuyente se usa con eficiencia, evidencia un fracaso colectivo. Señala a las claras que el sistema de control interno es fallido y que el porcentaje de “listillos” es tan elevado que justifica la inversión de la contratación de detectives.Más allá de estos datos, la cuestión trasciende a un plano elemental de ética y justicia social. Cada baja fraudulenta, no solo detrae recursos, sino que sobrecarga al resto de compañeros que cumplen con su deber. El mensaje implícito es demoledor: la sospecha se cierne sobre el colectivo, “criminalizando” al trabajador honrado a causa del aprovechado.El epicentro donde el pícaro encuentra mayor acomodo reside en las bajas por salud mental (estrés, ansiedad, depresión…). A diferencia de una pierna rota, este tipo de incapacidades temporales son subjetivas o imposibles de ver. Es aquí donde la labor del detective linda entre lo legal y lo ético. ¿Cómo se demuestra que una persona no es apta para trabajar mientras su estilo de vida dice lo contrario?El pliego de condiciones de Fuengirola menciona la revisión de redes sociales o la vigilancia de actividades incompatibles: viajes de placer, una noche de fiesta, realizar actividades físicas de cierto rendimiento o esfuerzo. Para un trastorno como la depresión, sin embargo, el tratamiento médico incluye la recomendación de hacer vida normal. Por este motivo se abre un debate tan espinoso como delicado, ya que la línea que separa el fraude de la normalidad es peligrosamente fina.No podemos obviar el componente cultural. El pícaro, esa figura literaria tan nuestra, que vive del ingenio y hace de la trampa su aliada más poderosa para sortear las penurias, se ha incrustado en la idiosincrasia española. El fraude en la baja laboral es el Lazarillo de Tormes del siglo XXI: alguien que, sintiéndose más listo que nadie, saca ventaja a costa del bien común.La cura a esta epidemia de bajas sobreactuadas y alargadas hasta la saciedad, no debe de ser la criminalización, sino el control riguroso, la transparencia y una cultura de la responsabilidad.Ya va siendo hora de que el avispado de turno se dé cuenta de que sus “vacaciones” son la factura que pagamos todos, y que la picaresca no es cultura, es inmoralidad y poca vergüenza.Gracias por la lectura y feliz lunes.