Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: tomada de X @MintrabajoColA un año de que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia advirtió una serie de presuntas irregularidades contables relacionadas con la violación de topes en la campaña presidencial y al Senado del Pacto Histórico.Recomendado: Tras casi 30 años, otro presidente de Colombia se quedó sin visa para EE. UU: coincidencias entre Petro y SamperUna investigación exclusiva de CAMBIO revela pruebas que sugieren que se engañó al Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante el reporte de información falsa sobre vuelos de Gustavo Petro cuando era precandidato. Estos gastos fueron registrados fraudulentamente como parte de la campaña de los aspirantes al Senado.La trama se remonta a febrero de 2022, cuando la campaña al Senado autorizó la contratación de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) para transporte aéreo. Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, en su calidad de gerente de la precampaña de Petro, intervino en el proceso de contratación, según el acta y el testimonio de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue gerente de la campaña al Senado y actualmente es ministro de Salud.La Sociedad Aérea de Ibagué registró inicialmente 27 desplazamientos aéreos que sumaron 72 horas de vuelo a nombre del cliente “Campaña Petro”. No obstante, de acuerdo con CAMBIO, los formatos fueron modificados por orden del jefe de la coordinadora de vuelos, dejando solo tres vuelos a nombre de la campaña presidencial y reportando los 24 restantes al cliente “Campaña Senado”.El hallazgo principal de la investigación de la Corte Suprema de Justicia, al cual tuvo acceso la revista, es que la totalidad de los servicios de SADI que fueron contratados con la campaña al Senado en realidad se prestaron a la campaña de Petro para la consulta interna del Pacto Histórico.La bitácora de vuelos también deja ver que los desplazamientos eran solicitados por Laura Sarabia (coordinadora de agenda) y los pasajeros habituales eran Petro, su familia, su esquema de seguridad, la misma Sarabia y Armando Benedetti.Registros de conversaciones de WhatsApp en poder de la Corte también confirman que todas las comunicaciones eran para desplazamientos del candidato Petro, no para aspirantes al Senado.Violación de topes electoralesEl objetivo de esta manipulación contable que denuncia CAMBIO fue, al parecer, evitar la violación de los topes de gastos establecidos por la ley.La Corte revisó la facturación con la Sociedad Aérea de Ibagué y encontró múltiples modificaciones y anulaciones. Una factura inicial de $2.324 millones a nombre de Ricardo Roa fue anulada y reemplazada. Luego, se emitieron dos facturas clave el 12 de abril de 2022: la SA-4832 a nombre de Roa (por servicios de helicóptero y conexos) y la SA-4834 a nombre de Jaramillo por $1.215 millones, que inicialmente tenía una nota que decía: “servicios prestados de la consulta interpartidista, pacto histórico”. Esta nota fue modificada al día siguiente para decir que los servicios eran para la campaña al Senado.Al «desmaquillar» los balances y establecer la realidad contable, se evidencia una violación de topes electorales de, por lo menos, $1.215 millones. La cifra es significativa porque corresponde al dinero cobrado por SADI por los aviones que, según las bitácoras, fueron de uso exclusivo del hoy presidente.El tope máximo permitido para la consulta interna del Pacto Histórico en 2022 era de $14.268.260.246. Los gastos reportados por los cinco candidatos (Petro, Márquez, Uriana, Romero y Saade) sumaron exactamente ese valor límite. CAMBIO concluyó que si los $1.215 millones en vuelos de Petro, fraudulentamente atribuidos a la campaña al Senado, se sumaran a lo que reportó el candidato, este habría excedido el tope legal.Estos documentos, que generan expectativas jurídicas, permitieron que el Pacto Histórico recibiera $14.415 millones por reposición de gastos. La Corte determinó que, al consignar información espuria, se actuó de modo fraudulento e induciendo a error a las autoridades electorales. En resumen, la coalición habría reclamado al Estado dinero al que no tenía derecho.Aunque la Corte Suprema decidió archivar la investigación a favor de los 20 senadores (por no establecerse dolo, aunque sí profunda negligencia), sí determinó que se cometieron delitos.El proceso de la Corte Suprema de Justicia culminará con la compulsa de copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue gerente de la campaña al Senado, y a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial. Los presuntos delitos que podrían configurarse incluyen fraude procesal, falsedad en documento privado y un posible desfalco al CNE.