Los orientadores educativos de Andalucía denuncian "discriminación laboral" y alertan de las consecuencias que tiene en la atención al alumnado más vulnerable.El colectivo recuerda que el orientador educativo pertenece al Cuerpo de Enseñanza Secundaria. "Es importante este matiz, pues en los últimos meses se han aprobado medidas de reducción horaria para el profesorado de Primaria y Secundaria. Sin embargo, a nosotros, los orientadores de equipos de orientación educativa y especializados, se nos ha excluido de esta negociación", se quejan.Entre las discriminaciones que sufren están "la negación del derecho al teletrabajo, la reducción de la permanencia en sede de un día completo a medio día, la obligación de cambiar de centro cada cuatro años, pese a que la norma lo establece como recomendación, el nulo reconocimiento reducciones en horario lectivo por los desplazamientos semanales y las funciones de coordinación equiparables a una dirección escolar, pero sin retribución ni reconocimiento"."Todo esto no solo es un agravio laboral: también afecta directamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), que depende de una orientación fuerte, estable y bien organizada", apuntan los orientadores andaluces.Qué piden a la Junta de AndalucíaPor eso, piden a la Junta de Andalucía su inclusión en los acuerdos de reducción horaria y reconocimiento de nuestras horas de orientación como lectivas, el derecho al teletrabajo, la restitución de la permanencia en sede de un día completo, la reducción del horario lectivo en función de los kilómetros de desplazamiento o la actualización del complemento de coordinación de EOE acorde a sus responsabilidades.Así, también exigen estabilidad en sus centros de referencia, evitando traslados forzosos cada cuatro años, o la creación de un grupo de trabajo para actualizar un reglamento de organización y funcionamiento obsoleto que está obsoleto desde 2003. En una recogida de firmas en change.org recogen todas estas reivindicaciones, y piden el apoyo de otros colectivos, familias y ciudadanía, "porque no se trata solo de nuestros derechos laborales: está en juego la atención educativa que reciben los niños y niñas de Andalucía".