Cierre prolongado de la vía al Llano tendría estas complicaciones, según Colfecar

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Vía al Llano. Foto: Archivo Valora AnalitikHan transcurrido cerca de 20 días desde el deslizamiento que ocasionó el cierre de la vía Bogotá–Villavicencio, conocido como corredor vial al Llano. Esta situación mantiene en incertidumbre a los conductores y transportadores que dependen de esta ruta estratégica para la movilidad y el abastecimiento del país. Aunque se habilitó un paso provisional en el kilómetro 18, en jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca), la medida resulta insuficiente frente a la demanda que registra esta carretera: se estima un tránsito promedio de 10.000 vehículos diarios, de los cuales aproximadamente 4.000 corresponden al transporte de carga pesada.El paso habilitado como solución de emergencia ha generado más complicaciones que beneficios. Los tiempos de viaje se han multiplicado de manera considerable: trayectos que normalmente se cumplían en cerca de cuatro horas hoy pueden extenderse hasta 14. A esto se suma que no existe una ruta eficaz para la circulación de vehículos de carga pesada, lo que genera retrasos en la distribución de mercancías y un incremento en los costos logísticos.Las vías alternas —la transversal del Cusiana y la del Sisga— tampoco ofrecen soluciones efectivas. La primera presenta daños en su infraestructura que no han sido resueltos, mientras que la segunda sufre restricciones debido a los efectos de la temporada de lluvias. Esto ha obligado a mantener operativo el paso provisional del kilómetro 18 como única opción para garantizar el tránsito, aunque con grandes limitaciones.Ante este panorama, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) expresó su preocupación por la ausencia de medidas estructurales que permitan atender de manera definitiva las emergencias que se repiten en este corredor. El gremio señala que la recurrencia de derrumbes en la vía no solo deteriora la conectividad entre el centro del país y los Llanos Orientales, sino que también afecta el abastecimiento nacional, incrementa los riesgos de accidentalidad y reduce la calidad de vida de las comunidades de la región.Via al Llano. Foto: Coviandina. ¿Cuáles son los problemas que limitan la habilitación de la vía al Llano?Colfecar advierte que el problema tiene raíces en falencias de planeación y en limitaciones administrativas. Explica que varios tramos concesionados fueron diseñados únicamente para operación y mantenimiento, sin contemplar obras de estabilización de taludes ni estructuras de contención que reduzcan los riesgos de deslizamientos. En esos sectores, las obligaciones de los concesionarios se limitan a la limpieza y habilitación tras cada evento, sin la posibilidad de ejecutar obras de fondo. Aunque algunas concesiones han presentado diseños y propuestas técnicas para intervenciones definitivas, la falta de ampliación de alcances por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha impedido avanzar.Recomendado: Coviandina o MinTransporte ¿Quién debe responder por ejecución de obras en la vía al Llano?A esta situación se suma la falta de control territorial y ambiental. Prácticas como la desviación de cauces, la obstrucción de obras hidráulicas o la invasión de zonas destinadas a la expansión vial aumentan la vulnerabilidad de la infraestructura, especialmente en temporadas de invierno. Según el gremio, estas intervenciones no han recibido la atención adecuada por parte de las autoridades competentes, lo que agrava el riesgo de nuevos cierres.Con el fin de atender la emergencia y reducir la recurrencia de cierres, Colfecar plantea medidas puntuales que requieren coordinación interinstitucional. Entre ellas se encuentran: la elaboración de un plan conjunto entre la ANI e Invías para restablecer la movilidad normal; la publicación de un informe detallado sobre el uso de los $40.000 millones asignados a Invías en 2023 para puntos críticos de la vía; la creación de un inventario nacional de Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER) que permita identificar riesgos en concesiones viales; y el seguimiento a las comunicaciones entre contratistas, concesionarios y autoridades ambientales con el propósito de gestionar soluciones de manera oportuna.