El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado por segunda vez las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que obligaban a la multinacional Airbnb a retirar miles de anuncios de viviendas turísticas que no cumplían con los requisitos legales. La decisión judicial desestima el recurso interpuesto por la compañía contra las medidas cautelares adoptadas por el ministerio a finales de 2024.El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ordenó la retirada de 65.000 anuncios distribuidos en tres resoluciones. La primera, relativa a 5.800 publicaciones, fue validada por el TSJM en un auto emitido en mayo. La segunda, que afecta a 34.728 anuncios, es la que ahora ha sido confirmada por el tribunal. La tercera resolución, con el resto de las publicaciones, no ha sido recurrida por la empresa. Tras estas actuaciones y el primer aval judicial, Airbnb eliminó en julio un total de 65.000 anuncios.Las medidas de Consumo se apoyan en que numerosos anuncios carecían del número de licencia o registro exigido por la normativa, presentaban identificaciones que no correspondían con las expedidas por las autoridades o no especificaban la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que impedía al consumidor conocer si se trataba de particulares o de profesionales.Medidas contra la crisis de la viviendaEn paralelo a estas resoluciones, Consumo abrió en diciembre de 2024 un expediente sancionador a Airbnb en el marco de su actuación contra la publicidad ilegal de viviendas turísticas. También mantiene abiertos procedimientos contra grandes gestoras de pisos turísticos por presuntas prácticas engañosas y contra agencias inmobiliarias por posibles abusos en la gestión de alquileres.El ministerio sostiene que todas estas medidas buscan contribuir a paliar la crisis de la vivienda en España. En distintas ocasiones, Bustinduy ha subrayado que el acceso a una vivienda digna está en riesgo para muchas familias y ha defendido que ninguna empresa puede situarse por encima de la ley.