A diciembre de 2024, operaban 172 Cooperativas de Ahorro y Crédito vigiladas por la SuperSolidaria que contaban con activos por $13 billones.Foto: Freepik (www.freepik.es)El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) publicaron para comentarios un proyecto de decreto crucial que busca actualizar y fortalecer las reglas prudenciales aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC).Recomendado: Cooperativa Coasmedas proyecta 10 nuevas oficinas en Bogotá y apuesta por la transformación digitalEsta iniciativa, que se dirige principalmente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de categoría plena e intermedia, también se aplicaría a las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.El objetivo de la propuesta de decreto, disponible para la recepción de comentarios hasta el 7 de octubre, es introducir la cobertura de riesgo operacional y de mercado, mejorar la calidad del patrimonio técnico y actualizar el fondo de liquidez de las cooperativas y los fondos de empleados.La propuesta normativa, buscando alinear su regulación con los estándares internacionales más recientes, como el marco de Basilea III.Las Cooperativas de Ahorro y Crédito captan depósitos para colocarlos nuevamente a través de operaciones de crédito e inversiones. A diciembre de 2024, operaban 172 entidades de este tipo vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y contaban con activos por $13 billones.Otra fuente indica que los activos ascendían a $22 billones, con 3 millones de asociados.A pesar de los avances regulatorios previos, existen brechas en la gestión de riesgos (crédito, mercado, operacional y liquidez) de estas empresas en comparación con las Cooperativas Financieras (CF) y los estándares globales.Por ello, el objetivo de la propuesta es mejorar la calidad y cantidad del capital regulatorio, priorizando su capacidad de absorción de pérdidas, promover la revelación adecuada de los riesgos que asumen las entidades y cerrar las brechas de regulación prudencial frente a los estándares locales e internacionales, tomando en cuenta la segmentación de las organizaciones.