Alberto Núñez Feijóo lleva semanas desplegando su plan migratorio, convertido ya en bandera de la ofensiva del PP frente a Vox. En Murcia, arropado por sus presidentes autonómicos, presentó este domingo la Declaración de la Región de Murcia y volvió a insistir en un marco que se resume en que los inmigrantes deben llegar "a trabajar y mantenerse con su esfuerzo", que no se puede vivir de ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que la residencia debe perderse de forma automática cuando se cometen delitos graves.Entre las medidas concretas que el líder del PP ha puesto sobre la mesa destaca la creación de un visado por puntos, inspirado en modelos restrictivos como el canadiense, que otorgaría más posibilidades de entrada a quienes procedan de países "culturalmente próximos" y se ofrezcan a trabajar en sectores donde falte mano de obra. El plan popular también contempla la expulsión de extranjeros condenados por delitos sexuales o reincidentes, incluso en faltas leves, y la pérdida automática de la residencia en casos de criminalidad grave. Además, insiste en que el acceso a las prestaciones sociales, como el IMV, se vincule a la búsqueda activa de empleo.El líder popular señala que la inmigración es "un problema que hay que afrontar" y que no se trata ni de "regularizarlos a todos", como acusa al PSOE de hacer, ni de "echarlos al mar", como reprocha a Vox. Los mensajes y las medidas presentadas, sin embargo, chocan con los datos oficiales y la normativa vigente.En su discurso, Feijóo sostuvo que "llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos que llegar con un contrato", presentando así como una urgencia que los migrantes trabajen. Pero los datos muestran que ya lo hacen. En el primer trimestre de 2025, el desempleo entre la población extranjera cayó casi un 6% interanual, situándose en un 16,5%. Además, ya son más de tres millones los afiliados extranjeros a la Seguridad Social, alrededor del 14% de los cotizantes.Los sectores laborales que el PP menciona como prioritarios llevan años cubiertos en buena medida por trabajadores extranjeros. Casi un 30% de la fuerza laboral en hostelería es migrante; lo mismo ocurre en el campo, donde ronda el 38%, o en la construcción, con más de un 22%. Unos datos que dejan en evidencia la inutilidad del visado por puntos planteado por el PP para reforzar precisamente esos ámbitos.Además, en la última década han incrementado su peso en actividades de alto valor añadido, como la información y las comunicaciones (12%), la ciencia y la tecnología (10%) o el sector inmobiliario (15%), desmontando la idea de que se concentran únicamente en los trabajos más precarios.Otro de los mensajes que más se repite desde Génova es que el Ingreso Mínimo Vital no puede convertirse en un "medio de vida" para los migrantes. Feijóo aseguró este fin de semana que en la actualidad son miles las personas que pueden entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar" y acabar pidiendo prestaciones como el IMV.El propio diseño de la prestación desmonta ese relato. Para acceder es obligatorio haber residido legalmente en España durante al menos un año, estar empadronado, inscribirse como demandante de empleo y acreditar ingresos muy por debajo del umbral de pobreza. Además, el 83% de los hogares perceptores del IMV son de nacionalidad española frente al 17% que representan los extranjeros, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. En concreto, en agosto la recibieron 630.406 españoles y 134.242 extranjeros.La vinculación entre inmigración y delincuencia también ha atravesado la propuesta migratoria del PP. Feijóo sostuvo en Murcia que "la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España". Un tipo de mensaje que ya alentó en julio de 2024, al señalar que "los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle" respecto al reparto de menores migrantes.Los datos del Ministerio del Interior muestran otra realidad. España registra actualmente la tasa de criminalidad convencional más baja de la serie histórica, 40,6 delitos por cada mil habitantes, a pesar de que la población extranjera residente se ha multiplicado desde 2005. En aquel entonces había 3,7 millones de personas de nacionalidad extranjera y la tasa era de 49,4. Hoy son más de siete millones y la tasa ha caído.Además, el Código Penal ya contempla la expulsión de extranjeros condenados a más de un año de prisión, incluidas personas con residencia legal. En 2024, se produjeron más de 3.000 expulsiones por motivos de seguridad nacional, lo que demuestra que el marco jurídico ya prevé sanciones severas.El PP insiste en presentar su propuesta como la opción moderada frente a los "extremos" y reivindica un discurso de "orden y legalidad". Sin embargo, muchas de las medidas que defiende ya están recogidas en la legislación vigente o contradicen las cifras oficiales. Aun así, los populares mantienen un marco que se solapa con el de Vox y que alimenta el discurso ultra contra los migrantes.