Después de siete años de "calvario y humillación", como describe la viuda de José Manuel Arcos, agente de la Guardia Civil asesinado a tiros por un delincuente condenado en Huétor Vega, Granada, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia pionera contra el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.Asesinado en acto de servicio en 2018, el fallo publicado este pasado lunes reconoce a la familia del agente el derecho a recibir 334.200 euros, después de que el condenado por su muerte se declarara insolvente.La resolución, dictada por la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo, supone un hito jurídico al aplicar el principio de indemnidad también a las familias de guardias civiles asesinados. Hasta ahora, Interior había rechazado cubrir estas indemnizaciones cuando el autor del crimen no podía abonarlas.Un asesinato en acto de servicio en GranadaLos hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2018, cuando Arcos realizaba un servicio junto a una compañera en Huétor Vega. Ambos patrullaban uniformados en un vehículo oficial cuando detectaron un coche robado en actitud sospechosa.Al iniciar la persecución e interceptar al sospechoso, se produjo un forcejeo en el que el acusado arrebató el arma reglamentaria al agente y le disparó en la zona abdominal. El guardia civil falleció poco después a causa de las graves lesiones.La Audiencia de Granada condenó al asesino y fijó la indemnización en más de 334.000 euros, pero el acusado se declaró insolvente. Ante ello, la viuda del agente, representada por el abogado Javier López García de la Serrana, reclamó en una larga batalla judicial la responsabilidad a Interior, como empleador del guardia civil.Una sentencia que abre camino a otras familiasEl letrado de la familia ha subrayado que se trata de "la primera causa de estas características que se gana en España", lo que abre la puerta a que otras familias de guardias civiles asesinados puedan reclamar compensaciones similares.De hecho, esta sentencia podría beneficiar directamente a otras cinco viudas con procedimientos aún pendientes, entre ellas las familias de los agentes Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, asesinados por Igor el Ruso en Teruel en 2017.Asimismo, la resolución también se aplicaría, en caso necesario, a los allegados de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González, fallecidos al ser embestidos por una narcolancha en Barbate.Por último, la sentencia también podrá extenderse a la familia de Pedro Alfonso Casado, jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, asesinado en 2022 durante un operativo en Santovenia (Valladolid).Con este fallo, la Audiencia Nacional establece un precedente que refuerza la protección a los funcionarios de seguridad y a sus familias frente a los riesgos derivados del ejercicio de su labor.