La reforma de la ley del aborto cincelada en la anterior legislatura introdujo modificaciones de calado que, sobre el papel, mejorarían la vida de las mujeres basándose en un pilar: la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho garantizado en la red pública. Pero lo que fue celebrado como un avance generalizado –salvo por los sectores conservadores y ultracatólicos–, todavía se topa con algunas barreras en la práctica. Un ejemplo claro está en el registro de objetores de conciencia: son cinco las comunidades que aún no lo han puesto en marcha, a pesar de que la ley fue aprobada en febrero de 2023 y el protocolo común confeccionado por el Ministerio de Sanidad, en diciembre de 2024. Son Madrid, Aragón, Asturias, Illes Balears y Andalucía, según ha podido saber infoLibre.El registro de objetores de conciencia para vigilar que no exista ni una sola traba al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos fue una de las propuestas estrella de la anterior legislatura en materia de igualdad. La objeción de conciencia quedó regulada entonces en distintos artículos de la reforma, en dos sentidos. Por un lado, demandaba la creación en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia. Por otro, la norma establecía la necesidad de trazar un protocolo específico que incluyera las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de este registro. En un primer momento, fueron numerosas las comunidades que justificaron su inacción apoyándose en la ausencia de este protocolo común. Pero en diciembre del año pasado, el departamento de Mónica García sacó adelante los criterios de base para poder desarrollar los registros. "Les decimos a las comunidades autónomas que, en cumplimiento de la ley, ya tienen ese registro, con lo cual ya no hay excusas para incumplir la ley. Se han designado los criterios mínimos y ha salido con total consenso", señaló entonces la ministra.Desde entonces han pasado nueve meses. Y todavía hay cinco comunidades que no han cumplido, lo que en la práctica implica serias trabas a los derechos de las mujeres.La Comunidad de Madrid es la que de forma más explícita ha expresado su oposición al registro. No se trata ya de falta de medios, recursos o tiempo, sino de un rechazo ideológico. A finales de febrero del presente año, la Asamblea de Madrid se opuso a crear un registro de objetores. Más Madrid había llevado una iniciativa a la cámara autonómica para iniciar los trabajos de cara a la puesta en marcha de la base de datos sobre los profesionales objetores, pero la propuesta cayó en saco roto gracias, una vez más, a la alianza entre Vox y el Partido Popular.Aragón, Asturias e Illes Balears cuentan todas ellas con registros de profesionales objetores de conciencia en lo que respecta a la prestación de ayuda para morir, pero ni rastro de registro relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. El caso de Andalucía, donde existe también un registro para la eutanasia, admite matices. En marzo de este año, el proyecto de decreto para crear un registro de objetores autonómico en base a los dictados de la ley estatal superó la fase de audiencia pública, pero todavía sus efectos no se han materializado.Según la información a la que ha podido acceder infoLibre, entre las comunidades en las que sí funciona un registro específico de objetores existe cierta heterogeneidad. Algunas, por ejemplo, han elaborado su propio registro a partir de la aprobación de un decreto previo. En otras, sin embargo, existe registro pero no hay ningún decreto específico aprobado. Este último es el caso de comunidades como Comunitat Valenciana, Murcia, Euskadi o Galicia. En Castilla y León, el decreto todavía no se ha publicado, pero ya se permite la inscripción en sede electrónica; mientras que en La Rioja los profesionales se pueden inscribir remitiendo una solicitud también a través de la sede electrónica, aunque no existe un trámite específico etiquetado exclusivamente para ello. Otras autonomías, como Canarias y Cataluña, cuentan con decretos propios desde el año pasado. A ellas se han ido incorporando otras regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha en lo que va de año. Cantabria aprobó una orden en febrero del pasado año y Navarra caminó hacia la creación de su propio registro a través de una ley foral, en noviembre de 2010.El abogado José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), observa la implantación de los decretos y protocolos desde una mirada crítica. "La normativa que se ha venido desarrollando es excesivamente confortable", una suerte de "objeción a la carta", describe. Así lo indica porque tanto el protocolo común como los decretos posteriores permiten dar a elegir a los profesionales, quienes podrán oponerse a realizar abortos en todos los casos o sólo en determinados supuestos. "Castilla-La Mancha era la única comunidad que entendía que la objeción tenía que hacerse sin matices, pero también ha cambiado recientemente para adaptarse al criterio general", señala el jurista, lo que a su juicio evidencia "un cinismo" manifiesto. Pone un ejemplo: hay quien decide ser objetor solamente del método instrumental –es decir, la intervención quirúrgica–, bajo el razonamiento de que con el método farmacológico la intervención del profesional sanitario es en realidad nula. "Es cínico y además es mentira, porque el sanitario sí está interviniendo igualmente", afirma el letrado.En cuanto a aquellas regiones donde todavía no existe registro de objetores, el jurista advierte del impacto negativo para las mujeres. Una de las consecuencias tiene que ver con los comités clínicos, órganos consultivos compuestos por sanitarios para evaluar si existe una enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto, requisito indispensable para realizar una interrupción voluntaria del embarazo después de la semana vigésimo segunda de gestación. Según la actual ley, los comités clínicos no pueden estar compuestos por objetores de conciencia, ni por profesionales que hayan estado inscritos en el registro en los tres años previos. "En las comunidades donde no hay registro, ese filtro no existe", incide el jurista.Laura López Navarro, secretaria en la Federación de Mujeres Jóvenes, expone que en la práctica muchos objetores lo son no sólo a la hora de practicar un aborto, sino incluso en lo que respecta a pasos previos como proporcionar información o derivar a la paciente. Es una de las conclusiones del informe El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la organización junto al Instituto de las Mujeres. Según la investigación llevada a cabo por las autoras, en algunos hospitales perviven además dinámicas de "presión interna" al personal, dando como resultado situaciones anómalas como "un servicio entero objetor", lamenta la activista. "La falta de registros transparentes y de planificación de equipos no objetores provoca bloqueos institucionales en los hospitales públicos", pero además, la objeción de conciencia "se extiende indebidamente a fases del proceso en las que legalmente no debería operar", lo que constituye "un obstáculo añadido en el acceso efectivo a este derecho", reseña el citado informe.Esta semana, el Parlamento Europeo publicó un mapeo sobre las leyes, políticas y acceso al aborto en casi medio centenar de territorios europeos. España se instala en el ecuador del ranking, por detrás de países como Portugal, Francia, Bélgica o Dinamarca. Entre los puntos débiles, la acción de las organizaciones antielección y la ausencia de políticas públicas para frenar la desinformación.Las mujeres que encuentran motivos para seguir saliendo a la calle en defensa del aborto libre, accesible y gratuito, insisten en situarlo como un derecho siempre en jaque. Las feministas, permanentemente en guardia, saben bien de las consecuencias que tiene sobre sus cuerpos no sólo cualquier atisbo de retroceso, sino también la inacción institucional. Este domingo, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, volverán a concentrarse para hacer ver que todavía queda camino por recorrer.