El discurso del PP sobre la exigencia de hacer dimitir a políticos con familiares imputados choca con su actuación en casos como el de la presidenta madrileña, cuya pareja irá a juicio por fraude fiscalAyuso afirma que “la Justicia sigue implacable” con Begoña Gómez tras cuestionar a la jueza que mandó al banquillo a su pareja “Si un diputado tiene a su mujer en un juzgado hay que pedirle el acta, sea del partido que sea”. El pasado miércoles, ante la prensa y en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo comentaba el último movimiento del juez Juan Carlos Peinado, que ha enseñado a Begoña Gómez el camino hacia un tribunal del jurado, y establecía un nuevo listón en política: si un político tiene a un familiar “en un juzgado”, debe dimitir. “¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían tener en el banquillo a un familiar directo del presidente?”, se planteó. Un listón que, a día hoy, no consiguen franquear algunas de las caras visibles de su partido con familiares directos pendientes de juicio o ya de sentencia. Las consecuencias que la imputación de un familiar debe tener para un representante público en activo es un debate que sobrevuela desde hace décadas la política española. Desde que Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno con el PSOE de Felipe González que abandonó el Ejecutivo en 1991 en plena investigación a su hermano Juan, distintos casos han pasado por encima y por debajo del radar hasta que, en el último año, las causas abiertas contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno han convertido la imputación de familiares en causa de petición de dimisión para un político. Diversos cargos y dirigentes del Partido Popular se encuentran en esa situación exacta que describió Feijóo hace unos días desde las tripas del Congreso de los Diputados sin que la formación haya instado algún tipo de paso atrás para ellos. El ejemplo más claro es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, está a la espera de ser juzgado por defraudar 350.000 euros usando facturas falsas, además de investigado en una segunda causa por posible corrupción en sus negocios con el gigante sanitario Quirón. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha respaldado plenamente a la presidenta regional tanto a la hora de asegurar que su pareja es un “ciudadano particular” como cuando Ayuso denunció ser víctima de una conspiración del aparato del Estado. Feijóo llegó a decir que era algo “absolutamente machista” intentar responsabilizar a la líder del PP madrileño de los problemas legales de su pareja. A un portavoz del Gobierno de Ayuso le preguntaron esta semana expresamente por las palabras de Feijóo y respondió que no se daban “por aludidos”. El partido solo ha pisado el freno cuando el entorno de la presidenta regional, a través de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, ha dirigido sus balas contra la magistrada que ha abierto juicio oral contra él. “No hay lawfare”, dijo hace unos días su portavoz Ester Muñoz cuando vio que el discurso judicial de Rodríguez se acercaba al de sus rivales socialistas. La diferencia entre Alberto González Amador y Begoña Gómez, según Feijóo, es que el primero no es “un cargo público”. No hubo tampoco marejada interna en el Partido Popular cuando elDiario.es desveló en exclusiva que la Audiencia Nacional acusaba al marido de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y senadora por el PP, de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Lars Gunnar Broberg falleció en 2023 pero su hijo, e hijastro de Muñoz, fue juzgado el pasado verano y está a la espera de sentencia. Muñoz, una vez desvelado el caso, repitió como candidata a la alcaldía de esta localidad malagueña. “Me consta que hasta el día de hoy no hay ninguna imputación hacia la alcaldesa ni hacia ningún miembro de la corporación municipal”, destacó el presidente andaluz. El PP nacional también salió en su defensa. La línea roja que ahora ha marcado Alberto Núñez Feijóo con familiares imputados tampoco fue aplicable, esta vez por el PSOE, cuando la lupa de la Justicia se posó sobre integrantes de la Familia Real y familiares directos, por tanto, del actual monarca Felipe VI. Ni cuando su hermana Cristina de Borbón fue condenada como partícipe a título lucrativo en el caso Nóos ni cuando, en esa misma causa, su cuñado Iñaki Urdangarin tuvo que entrar en prisión a cumplir su condena de más de cinco años de cárcel. Tampoco cuando la Fiscalía investigó durante más de un año a su padre, Juan Carlos I, para concluir que la gestión de su fortuna había sido potencialmente delictiva aunque fuera del alcance de los tribunales por la prescripción y la inmunidad. De Cantabria a la Guardia Civil Políticos de uno y otro signo político tienen familiares bajo investigación en los juzgados, algunos de ellos incluso condenados y otros a la espera de juicio. La Policía Nacional detuvo hace pocas semanas a un familiar de la alcaldesa de la localidad cántabra de Santa Cruz de Bezana (PP) acusado de participar en un ataque con explosivos a una sede del PSOE en la región sin que su dimisión haya estado encima de la mesa. El Partido Popular no ha exigido tampoco la dimisión de cargos cuando estaban imputados ellos mismos o un tribunal o juzgado había instado que se abriera una investigación contra ellos. No lo hizo cuando en 2018 una jueza de Plaza de Castilla pidió, sin éxito, que el Tribunal Supremo imputara a Pablo Casado por obtener su máster de forma supuestamente irregular. Tampoco cuando otra jueza, esta de Navalcarnero, pidió a los tribunales que investigaran a Ana Millán, diputada regional y estrecha colaboradora de Isabel Díaz Ayuso, por supuesta corrupción en su etapa como política local en Arroyomolinos. Ese caso está todavía pendiente de investigación en el juzgado. Sin salir de Arroyomolinos, otro magistrado ha procesado al actual alcalde de la localidad por el Partido Popular, esta vez acusado de saltarse los procedimientos internos de una empresa municipal para nombrar a varias personas. El PSOE ha pedido, sin éxito por el momento, la dimisión del sucesor de Ana Millán en el consistorio de esta localidad de 37.000 habitantes de Madrid. La hemeroteca más reciente deja una dimisión de un cargo público relevante por una investigación judicial que cercaba a un familiar directo. María Gámez, directora de la Guardia Civil desde 2020 hasta 2023, dejó su puesto al frente del instituto armado cuando su marido fue imputado en una de las múltiples ramificaciones del caso de los ERE de Andalucía. Un año y unos pocos meses después, el juzgado de Sevilla encargado del caso exoneró al marido de Gámez, que expresó su opinión en un post en Facebook: “El daño no tendrá jamás reparación posible”.