El Ministerio de Salud y Protección Social advirtió que la ponencia alternativa de la reforma a la salud, radicada esta semana en el Congreso, implicaría la entrega de más de $60 billones de los impuestos de los colombianos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante los próximos cinco años.Según la cartera, este diseño representa un retroceso en el propósito de garantizar el derecho fundamental a la salud y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.(Vea: Supersalud impone medida cautelar al Fomag por deficiencias en atención en salud)De acuerdo con el Ministerio, la propuesta mantiene la intermediación financiera de las EPS y el control discrecional de los recursos de la salud, a pesar de los informes oficiales que evidencian “la creciente insolvencia financiera de estas entidades, la ineficiencia en la gestión del gasto y la enorme deuda con hospitales, clínicas y proveedores”.Otro de los puntos señalados por la entidad es el rol del Consejo Nacional de Salud. En la ponencia, este organismo consultivo sustituiría funciones constitucionales del Ministerio de Salud, al definir en lugar de recomendar en materia de política pública, en aspectos claves como el plan de beneficios, las tecnologías cubiertas y la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “La Constitución establece que estas decisiones corresponden al Gobierno a través del Ministerio”, subrayó el comunicado.También cuestionó que la UPC deje de ser un mecanismo de financiación de servicios y tecnologías en salud para convertirse en un instrumento de fortalecimiento patrimonial de las entidades privadas.Según el artículo 16 de la ponencia, la UPC deberá cubrir costos operativos, administrativos y de afiliación, así como mecanismos de fortalecimiento patrimonial. Para el Ministerio, esto significa que “el Estado financiará el patrimonio de privados” con recursos públicos.(Vea más: Acemi advierte un déficit de hasta $33,4 billones por subestimación de la UPC)Se elimina el subsidio aprobado para más de 300 mil madres no cotizantes, equivalente a medio salario mínimo durante tres meses.iStockEn la misma línea, el proyecto establece que la validación del cálculo de la UPC estará a cargo de una universidad extranjera, tras un proceso inicial en el que participarán una institución pública y una privada en Colombia. “Los estudios necesarios para definir el cálculo de la UPC (…) deberán emitir un resultado unificado a la universidad internacional para la validación”, indica el texto.La cartera también resaltó que la propuesta privilegia a las EPS insolventes al premiarlas con el pago de sus deudas mediante impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB, lo que representaría una transferencia de más de $60 billones en cinco años. “Esto significaría perpetuar un modelo de intermediación que concentra los recursos sin controles efectivos, dejando en segundo plano la atención oportuna y la prevención”, advirtió.Otro de los cuestionamientos se centra en que la ponencia obliga al Estado a cubrir cualquier exceso en el gasto que tengan las EPS por la UPC o por presupuestos máximos. El artículo 17 señala que la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) debe registrar sin auditar estos pasivos y que el Ministerio de Hacienda deberá responder en un plazo máximo de 30 días calendario. Para el Ministerio de Salud, esta disposición equivale a entregar una “chequera ilimitada a las EPS”.(Lea también: Deuda con clínicas y hospitales alcanzó los $24 billones a junio de 2025)La validación del cálculo de la UPC estaría a cargo de una universidad extranjera, tras estudios iniciales en instituciones colombianas.iStockEn el campo laboral, la ponencia desconoce el régimen especial para trabajadores de la salud aprobado por la Cámara de Representantes. Esto implica que la formalización laboral no sería obligatoria y que los pagos por servicios no incluirían mejoras en las condiciones de los trabajadores, lo que, según el Ministerio, los condena a “continuar en condiciones de precariedad”.La entidad también advirtió que más de 300.000 madres no cotizantes se verían afectadas con la eliminación del subsidio aprobado por la Cámara de Representantes que les otorgaba medio salario mínimo durante tres meses. “Al quitar estos recursos, las mujeres en situación de vulnerabilidad y sus hijos recién nacidos quedarían desprotegidos”, puntualizó.El Ministerio subrayó que, a diferencia de la propuesta del Gobierno aprobada en dos ocasiones en la Cámara, la ponencia alternativa no contempla el pago directo a clínicas, hospitales y proveedores. En cambio, mantiene la facultad de las EPS para decidir a quién, cuándo y cuánto pagar, sin establecer controles efectivos sobre el uso de los recursos.En cuanto a la atención primaria, la iniciativa obliga al Gobierno a buscar recursos adicionales para financiarla, lo que, según la cartera, traslada nuevas cargas fiscales al Estado sin modificar la estructura de privilegios de las EPS. Esta medida, sostiene, desconoce la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Ley 1438 de 2011.(Lea: Ponencia alternativa agita el pulso de la reforma de la salud)La propuesta elimina la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, afectando la operatividad de gran parte de los hospitales públicos.iStockEl documento ministerial también cuestiona la eliminación de la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, lo que dejaría a muchos hospitales sin posibilidad de operar únicamente con la venta de servicios. A esto se suma la supresión de las unidades zonales de planeación y evaluación en salud, que, de acuerdo con el Gobierno, permitirían un uso más eficiente de los recursos y el fortalecimiento de los laboratorios de salud pública.Otro de los reparos se refiere a la autonomía territorial. Según la ponencia, serían las EPS las encargadas de organizar y contratar la red prestadora de servicios de salud, lo que, en palabras del Ministerio, implicaría que los pacientes seguirían siendo enviados “a donde más convenga por negocio y no donde lo necesiten”.Finalmente, el Ministerio advirtió que la propuesta mantiene la integración vertical y la segmentación de la población en los regímenes contributivo y subsidiado, incumpliendo sentencias de la Corte Constitucional como la T-760 de 2008.“El Ministerio de Salud y Protección Social seguirá insistiendo por una reforma que ponga en el centro la vida de las personas, que asegure el uso transparente y eficiente de los recursos y que materialice el derecho fundamental de la salud”, concluyó la cartera.(Vea: Aval fiscal de reforma de la salud plantea más gasto público y menos recursos)DIANA K. RODRÍGUEZ T. Periodista de Portafolio