El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 283.612 euros a la familia de un paciente fallecido por neumonía bilateral derivada de COVID-19. El tribunal consideró que la asistencia médica prestada incurrió en mala praxis al no realizar pruebas complementarias ni ingresar al paciente en la fase inicial de la enfermedad.El hombre, de 55 años y sin patologías previas, acudió en marzo de 2021 al Servicio de Urgencias del Hospital de La Merced de Osuna con fiebre, aunque sin dificultad respiratoria. Se le practicó una radiografía de tórax que no evidenció de manera concluyente una neumonía y no consta que se realizara una prueba de oxígeno en sangre. Los médicos decidieron darle el alta domiciliaria con tratamiento de paracetamol y la recomendación de regresar a Urgencias si surgía dificultad respiratoria.Cinco días después, el paciente volvió al hospital con síntomas graves de neumonía bilateral por covid y fue trasladado al Hospital de Valme, donde falleció poco después como consecuencia de la enfermedad. La sentencia subraya que la falta de pruebas y el no ingreso hospitalario provocaron un retraso en el tratamiento, contribuyendo directamente al desenlace fatal.El recurso del SASEl SAS recurrió la resolución, alegando que parte de la responsabilidad debía reducirse por factores como el riesgo inherente de la enfermedad o la posible falta de vacunación del paciente. No obstante, el tribunal desestimó estas alegaciones y confirmó la responsabilidad del servicio sanitario, estableciendo un nexo causal directo entre la actuación médica y el fallecimiento.El tribunal determinó que la indemnización se repartirá entre la viuda, que recibirá 103.247,68 euros, y los hijos, que percibirán 95.250 euros y 84.704 euros respectivamente. Además, las cantidades devengarán el interés legal desde la fecha de la reclamación administrativa, el 30 de marzo de 2022, hasta su completo pago.