La Contraloría General de la República reveló graves hallazgos en el manejo de la contratación pública, al advertir que al menos 718 contratos en ejecución fueron suscritos por personas naturales o jurídicas que registraban inhabilidades fiscales al momento de la firma o durante la vigencia de los convenios.De acuerdo con los reportes entregados por el ente de control, este miércoles -06 de agosto- el valor total comprometido asciende a $758.118 millones, distribuidos entre contratistas que estaban impedidos legalmente para contratar con el Estado; en diferentes regiones y entidades del país.Consulte aquí: ‘Eso no reduce tarifas’: Andeg sobre proyecto de ley de régimen tarifario“Los resultados fueron obtenidos mediante el modelo predictivo de contratación pública desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari, una herramienta diseñada para fortalecer el control fiscal preventivo y detectar riesgos tempranos en la administración de los recursos públicos”, indicaron.En este sentido, la Contraloría explicó que el modelo permitió hacer un cruce de información entre las plataformas de contratación del Estado, SECOP I y II, y los registros del Sistema de Información de Boletines de Responsabilidad Fiscal (SIBOR), base que consolida las sanciones por responsabilidad fiscal emitidas por los órganos de control.Actualmente el avance del Plan Nacional de Desarrollo no llega al 60%.Imagen de ChatGPT“El análisis incluyó contratos suscritos entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2025, así como aquellos cuya ejecución seguía vigente a esta última fecha. El objetivo era establecer si, al momento de la firma contractual, las personas involucradas registraban inhabilidades vigentes o en curso debido a fallos fiscales en firme”, resaltaron.Como resultado del cruce de información, se identificaron dos tipos de situaciones irregulares. En la primera alertaron por 30 contratos en ejecución, por un valor agregado de $20.247 millones, fueron firmados por 24 responsables fiscales que se encontraban inhabilitados al momento de suscribir los convenios.Puede interesarle: El mensaje de Petro a los mineros en paro: ‘La minería en los páramos acaba el agro’“Así mismo, 688 contratos adicionales, por un monto total de $737.871 millones, fueron celebrados con 287 contratistas que también habrían estado inhabilitados al momento de la firma. En estos casos, los contratistas resarcieron su obligación fiscal posteriormente o la ejecución contractual terminó antes de ser excluidos del boletín de sancionados”, dice el comunicado.El informe también destaca que dos contratistas ya habían sido objeto de alertas anteriores emitidas por la propia Contraloría, lo que refuerza la necesidad de un seguimiento riguroso y sistemático sobre los antecedentes de quienes contratan con el Estado; como es el caso de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá, que estaba inhabilitada al momento de firmar un contrato con la Fiscalía General de la Nación – Regional Centrosur, por un valor de $159,9 millones.CorrupciónFuente: Istock“La Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – COMFAMILIAR, que también presentaba inhabilidad cuando firmó un contrato con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, por $47,9 millones”, agregaron.Ante estos hallazgos, la Contraloría anunció que emitirá las alertas correspondientes a las entidades responsables de los procesos contractuales y trasladará los casos a las autoridades competentes para que tomen las acciones que correspondan, en el marco de sus funciones legales.Otras noticias: Protestas en La Calera reviven ‘fantasmas’ de la inconclusa vía Perimetral del OrienteTambién reafirmó su compromiso con el control fiscal concomitante y preventivo, una estrategia que busca anticiparse a los riesgos y promover el cumplimiento del régimen de inhabilidades.Por último, el ente de control indicó que con este nuevo modelo predictivo busca cerrar el cerco a las irregularidades que vulneran la legalidad en la contratación pública y garantizar una mejor administración de los recursos estatales; enfatizando en que la detección de estos casos evidencia que, pese a los avances normativos, persisten fallas en la verificación de antecedentes que permiten que personas inhabilitadas logren firmar contratos con el Estado.DANIEL HERNÁNDEZ NARANJOPeriodista de Portafolio