El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado no ser conforme a derecho la anulación de un contrato realizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para la obtención de mascarillas y trajes EPI al inicio de la pandemia. La resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Care Quality Service Health S.L. (CQS) y obliga al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a abonarle 2.878.480 euros, con intereses legales desde la reclamación administrativa, así como al abono de otros 229.784 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios.Seguir leyendo....