La causa judicial sobre la muerte de más de dos centenares de personas durante la dana de València de 2024 entra en una nueva fase. Un año después del inicio de las pesquisas, la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja nº3 considera que ya tiene elementos suficientes para escalar el caso. Y, por primera vez, ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputación del expresident de la Generalitat Carlos Mazón –ahora diputado raso en Les Corts–, que se ha negado hasta en tres ocasiones a declarar voluntariamente en la causa. En una extensa exposición razonada, la magistrada, que investiga 230 homicidios imprudentes y lesiones por imprudencia, aborda ampliamente la "inactividad negligente" del exlíder del Ejecutivo valenciano. "Ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante", lanza la instructora.La magistrada sostiene que hay indicios suficientes de una "grosera negligencia" en la "coordinación y gestión" de la emergencia en el "nivel supremo de capacidad de decisión". "Las negligencias de quienes asumían la gestión de la emergencia en el nivel dos –la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas– y en el nivel cero y uno, como es el caso del secretario autonómico, no pueden borrar la absoluta pasividad, ajenidad ante la gravedad de lo sucedido", desliza la instructora, al tiempo que recuerda que el expresident de la Generalitat, "conforme a la normativa legal", podía "dar órdenes e instrucciones" y "llevar a cabo tareas de coordinación" ante la "evidente parálisis que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda" para hacer frente a la emergencia.La exposición razonada sostiene que "carece de sustento" lógico y legal la "afirmación" de que Mazón "podía permanecer ajeno" a todo. Y detalla la negligencia del exlíder del Ejecutivo valenciano en tres planos. En primer lugar, apunta a la "minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia". En este sentido, la instructora recuerda la comparecencia pública que dio el expresident a las 13.00 horas del fatídico 29 de octubre, en la que afirmó que el temporal se desplazaba hacia la Serranía de Cuenca y que iría remitiendo a lo largo de la tarde. "En la hora en que se produjeron dichas declaraciones ya había constancia de un desaparecido y la situación en Utiel era de una población completamente anegada por el agua", recoge la jueza.Por otro lado, el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se centra en la desaparición durante casi seis horas –entre las 14.30 y las 20.28 horas– del expresident en aquella jornada. La instructora habla en repetidas ocasiones de la "prolongación injustificada de la sobremesa" en el restaurante El Ventorro, donde compartió comida con la periodista Maribel Vilaplana. "No se puede banalizar la permanencia en el restaurante, en una sobremesa interminable, mientras la población sufría los desbordamientos y ya habían padecido un auténtico infierno", sostiene. Y añade: "Una breve lectura de los fallecimientos muestra que las horas más críticas y mortales se produjeron durante su estancia en el reservado y su viaje a La Eliana –sede del Cecopi–"."Ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante, convertido en una oficina en la que le llevaron para firmar incluso algunos papeles, pero que no sirvió de centro directivo, dado el escaso intercambio de las llamadas, la escasa duración de las mismas, la falta de interacción con los responsables autonómicos", prosigue la exposición razonada. Por eso, la instructora sostiene que desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, "de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado".La magistrada también cree que hay indicios de una "eventual participación" de Mazón en el proceso de decisión del envío del sistema de alerta a la población –el ESAlert–, que se lanzó por primera vez a las 20.11 horas a pesar de que existía una primera propuesta de mensaje a las 17.20 horas que decía lo siguiente: "Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que con carácter inmediato acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos avisos". "Hubiera sido plenamente efectivo al objeto de salvar vidas, hasta el punto que aconseja subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua", resalta la instructora.La jueza conecta a Mazón con el proceso de ESAlert a través de los whatsapps que intercambió el jefe de gabinete del primero, José Manuel Cuenca, con la exconsellera Pradas. Para la instructora, es "inverosímil" que los mensajes enviados por el primero sean simples consejos. "Son órdenes lo que expresa", señala el escrito, en el que se detalla que expresiones como "de confinar nada, Salo" poseen "un carácter claramente imperativo". "La posibilidad de que el president fuera ajeno a las órdenes expresadas por su jefe de gabinete resulta ilógico", vuelve a insistir la magistrada, que considera que "la insistencia" de Cuenca en el "control de la emergencia" solo puede responder "de forma lógica" a que "obedeciera instrucciones de su superior". Y completa: "Todo ello indicaría una participación en el envío con retraso del mensaje".La jueza también abunda en la falta de coordinación entre departamentos en aquella jornada. En este sentido, señala que la Consellería de Justicia e Interior no remitió al resto "ni orden ni comunicación en relación con una emergencia" de tal calado. Y recoge graves errores en departamentos como Servicios Sociales o Educación. Así, sostiene, por ejemplo, que el sistema de teleasistencia falló, sin que nadie alertase de lo que sucedía a sus usuarios, una población especialmente vulnerable. O que "no se estableció la suspensión de las clases". "El menor Neizan Garrido Pagan junto con sus padres Jorge Garrido Rosa y Raquel Pagan Romero fallecerían tras recoger estos últimos a su hijo del centro escolar en Aldaya. También fallecería José Martínez Toral, director del Instituto de IES de Cheste. Permaneció en el instituto hasta que todos lo hubieran abandonado. Dicha acción le costaría la vida", recuerda la instructora. Ahora, tras la presentación de la exposición razonada, la pelota queda sobre el tejado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que deberá decidir si asume la investigación, si pide una mayor argumentación a la instructora o si rechaza la solicitud.