Los pensionistas que perciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez están obligados a presentar la declaración anual de ingresos antes del 31 de marzo de 2026. No hacerlo dentro de plazo puede tener consecuencias directas: el organismo gestor puede suspender temporalmente el pago hasta que se entregue la documentación y se confirme que se siguen cumpliendo los requisitos