El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso sobre el «caótico proceso» de implantación de la baliza de señalización de emergencia V-16 en España. Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalizara el mes de enero para dar cuenta de las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico para informar sobre la nueva normativa. El PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que «acrediten la eficacia y viabilidad del uso de la señal V-16 »como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras«. Desde esta formación califican el proceso de implantación de la baliza como caótico y cuestionan la exclusividad tecnológica de España en el marco europeo. Para el titular de Interior, la implantación de la Baliza V-16 no es una cuestión accesoria, sino que se trata de una herramienta imprescindible para frenar los atropellos en carretera, una de las causas de mortalidad más altas en nuestro país. Con 103 peatones fallecidos en 2025, el ministro destacó que el dispositivo evita bajar del coche, ofrece visibilidad a 1 km y geolocalización en tiempo real vía DGT 3.0. «España es pionera en movilidad conectada», afirmó ante las críticas, subrayando que el sistema es clave para proteger a colectivos vulnerables. Ante esta realidad, Marlaska fue tajante: la apuesta por la baliza busca poner «el fin de la sangría de atropellos» en nuestras carreteras. Marlaska recordó que caminar por el arcén en vías de alta capacidad, con altas intensidades de tráfico y velocidades elevadas, es una actividad de riesgo extremo. Por ello, España sigue la estela de países como Reino Unido (donde están prohibidos en autopistas) o Francia (donde su uso es discrecional). Desde el 1 de julio de 2023, en España ya no es obligatorio colocar los triángulos en autopistas y autovías, pero la llegada de la V-16 supone el paso definitivo hacia la movilidad conectada. A pesar de las críticas de la oposición, a las que el ministro tildó de «negacionismo» tras recordar que ambos grupos habían apoyado previamente la medida, Marlaska subrayó que España es pionera. Hasta el 15 de febrero de 2026, ya se han registrado más de 100.000 activaciones reales de estas balizas (unas 2.300 al día), demostrando su fiabilidad. El ministro concluyó garantizando que todos los modelos a la venta cuentan con certificaciones estrictas de laboratorios acreditados, asegurando que esta transición tecnológica no es una «medida improvisada», sino un paso meditado hacia el objetivo de cero víctimas en carretera. Mientras, la Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno de España no notificó a Bruselas la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, lo que podría tener consecuencias jurídicas, aunque reconoce que corresponde a los Estados miembro evaluar si sus proyectos de medidas están sujetos a la obligación de notificación. Desde Europa la Comisión recuerda que si un país del club comunitario no cumple con la obligación de comunicar un reglamento técnico cuando proceda, puede «aplicar medidas» en virtud de lo establecido en los Tratados de la UE, que contemplan la posibilidad de actuar frente a posibles incumplimientos nacionales.