El uso de vapeadores entre menores de edad en España se ha convertido en una preocupación creciente tanto para las familias como para las autoridades sanitarias. Sin embargo, más allá de la alarma social, cada vez más voces dentro y fuera del sector coinciden en un diagnóstico claro: el problema no es el producto, es el acceso sin control.Según la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), el incremento del consumo juvenil coincide con la liberalización del canal de venta. Los datos de Sigma Dos lo confirman: cuando en 2021 los vapeadores solo se comercializaban en tiendas especializadas, la incidencia entre menores apenas alcanzaba el 0,25%. A partir de 2023, con la venta libre en bazares, gasolineras, peluquerías o plataformas digitales, el porcentaje ha superado el 3%. En paralelo, más de un 64% de los consumidores españoles considera que restringir la venta a establecimientos especializados es la mejor forma de evitar el acceso de los menores.Un acceso sin barreras que pone en riesgo a los jóvenesHoy, cualquier menor puede adquirir un vapeador en comercios no especializados o a través de plataformas online de terceros países, sin ningún tipo de verificación de edad ni control sanitario. Gran parte de estos productos proceden de fábricas no reguladas, llegan sin cumplir los estándares europeos y en muchos casos declaran falsamente no contener nicotina.Las investigaciones con cámara oculta impulsadas por UPEV han evidenciado esta realidad: en multitud de bazares se venden dispositivos a menores sin que nadie solicite identificación. Este circuito paralelo no solo vulnera la normativa, sino que expone a los jóvenes a productos inseguros y sin trazabilidad.En cambio, los canales legales, estancos y tiendas especializadas, sí están sujetos a estrictos controles: certificación de ingredientes, etiquetado sanitario, limitación de nicotina, trazabilidad del producto y verificación de edad. Es ahí donde, según el sector, debe centrarse la regulación si realmente se quiere proteger a los menores.Familias en alertaLa preocupación social es evidente. Una encuesta de la UPEV a más de 400 familias muestra que 9 de cada 10 padres temen que sus hijos usen vapers, y más del 93% cree que restringir su venta evitaría el acceso a menores. Casi seis de cada diez familias apuestan además por exigir la presentación del DNI en el punto de venta como medida de control.Pese a ello, el anteproyecto de ley actualmente en tramitación no contempla medidas específicas para limitar la venta libre, lo que, advierte la UPEV, perpetúa el problema. El sector exige una regulación "justa y eficiente", que distinga entre comercio legal y mercado descontrolado, para garantizar la seguridad del consumidor y proteger la salud pública."En el fondo es una cuestión de sentido común, nadie quiere que los menores vapeen y por eso desde la asociación se recomienda evitar medidas prohibicionistas que no van a solucionar el problema", explica Arturo Ribes, presidente de UPEV. En cambio, desde UPEV reclaman que hay que poner en práctica medidas reales y eficientes que regulen la venta del producto para minimizar el acceso de menores.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.