Crisis de la salud en Colombia: anatomía económica de un colapso que va más allá de los números rojos. Imagen: Generada con IA de GeminiColombia no enfrenta, en la actualidad, solo una crisis coyuntural en salud. Los datos disponibles al cierre de 2025 configuran un escenario de insolvencia estructural sin precedentes en la historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).Las pérdidas operacionales acumuladas del sistema durante 2025 alcanzaron $7,3 billones, con un patrimonio negativo neto que se ubica en –$15,8 billones, y llegaría a –$16 billones al incorporar el registro de entidades con datos pendientes. Para dimensionar el deterioro: el patrimonio negativo del sistema pasó de $429.000 millones en 2022 al orden de los $10 billones en 2025 para las EPS intervenidas, evidenciando un deterioro de más de 2.200 % en tres años.Otro indicador que resume la crisis con precisión técnica es la siniestralidad. La siniestralidad promedio de las 29 EPS fue de 110,1 %, lo que significa que gastaron más en salud de lo que recibieron por Unidad de Pago por Capitación (UPC); apenas una EPS registró una siniestralidad inferior al 100 %, mientras que otras superaron el 130 %. Como consecuencia, el 89 % de las EPS —incluyendo las nueve intervenidas— no cumple las condiciones financieras exigidas, pese a atender al 90 % de la población.Desde el Ministerio de Salud, el diagnóstico también es alarmante: al menos 29 EPS del régimen contributivo y subsidiado acumularon una deuda que asciende a $32,9 billones por servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios y operadores farmacéuticos.Salud en Colombia. Foto: tomada de Freepik El efecto cadena no se detiene en las EPS. Las deudas acumuladas afectan directamente el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas, y la red pública hospitalaria enfrenta compromisos pendientes por $770.000 millones. En algunos procesos de liquidación, los gastos administrativos superan el 50% de los recursos disponibles, reduciendo el margen para el pago de obligaciones asistenciales.A su vez, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal habría estimado que el déficit aumentaría en $5,3 billones en 2026 por el incremento del 23 % en el salario mínimo.Para el sector salud, la declaración estima que este aumento implica un costo adicional cercano a $4,5 billones, equivalente aproximadamente al 40 % de los recursos anunciados por el propio Gobierno para el incremento de la UPC. En el mismo apartado, el documento sostiene que ese impacto no fue incorporado en los cálculos técnicos de necesidad de financiación realizados por equipos expertos de ANDI y ACEMI, que estimaban para 2026 un incremento requerido de la UPC entre 15 % y 17 %.La trampa de las intervenciones sin solución estructuralAnte el colapso financiero, el Gobierno Petro recurrió a las intervenciones administrativas de las EPS. Sin embargo, la propia Contraloría General de la República concluye que esta estrategia no ha funcionado. El 75 % de las entidades intervenidas presenta un desempeño calificado como «medio-bajo», sin evidenciar mejoras sustanciales pese al acompañamiento del Estado.De las cuentas por cobrar de entidades liquidadas, solo se ha recuperado el 6,07 %. Además, la probabilidad de una crisis sistémica general pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024, y podría alcanzar el 60,4 % en 2026 si no se implementan correctivos estructurales, alerta el ente de control.Así mismo, un grupo de exministros y exviceministros de Salud fue contundente en su diagnóstico de inicio de 2026: las ocho intervenciones administrativas adelantadas no corrigieron las causas estructurales de la crisis y, por el contrario, concentraron la deuda y el riesgo financiero, debilitando la capacidad operativa de EPS e IPS y deteriorando el flujo de recursos. Para pacientes y usuarios, el resultado es claro: mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso, mayor sufrimiento y muerte.Sector salud. Foto: Freepik.Caso Kevin Acosta: cuando la crisis adquiere nombre y apellidoLas cifras abstractas se vuelven duramente concretas cuando se materializan en casos recientes como el de Kevin Acosta Pico. Kevin era un niño de siete años con hemofilia A severa que murió en Bogotá el 13 de febrero de 2026. Permanecía en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia luego de que la Nueva EPS autorizara su traslado desde Pitalito (Huila). Pese a su afiliación a la entidad —intervenida por el Gobierno desde abril de 2024—, su tratamiento médico fue interrumpido según denuncias de su familia.Su madre, Yudy Katerine Pico, relató que el menor recibía el medicamento Hemlibra (Emicizumab) cada 28 días, pero que la Nueva EPS dejó de suministrarlo desde el 12 de diciembre de 2025. Cuando Kevin sufrió una caída en bicicleta que le provocó una hemorragia intracraneal, la familia buscó atención urgente, pero el traslado y la respuesta del sistema llegaron tarde.El presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, Sergio Robledo, advirtió que el caso no era aislado. Más de 40 pacientes con hemofilia se encontraban en una situación similar a la de Kevin, y señaló que desde hacía más de 20 años no se registraba una muerte específicamente por falta de medicamentos para esa enfermedad.La respuesta del Gobierno generó una segunda ola de indignación: en lugar de asumir la responsabilidad institucional, el presidente Petro y el ministro de Salud atribuyeron el desenlace, en parte, a la familia del menor por permitirle montar en bicicleta.Así, la muerte de Kevin Acosta se convirtió en el símbolo nacional de las falencias del sistema de salud que se han exacerbado durante el Gobierno Petro, y la Superintendencia de Salud abrió una investigación contra la Nueva EPS por no entregar el medicamento, en lo que no deja de ser paradójico, ya que esa aseguradora se encuentra intervenida por la misma Supersalud desde abril de 2024.El costo invisible: lo que pagan los hogares colombianosLa crisis no solo destruye instituciones; transforma el comportamiento económico de los hogares. Cuando el sistema falla, los ciudadanos —especialmente los más pobres— asumen el costo de bolsillo. El deterioro se refleja en más colombianos enfermos, aumento en el gasto de bolsillo y pérdida del aseguramiento efectivo, y son los hogares más vulnerables los que están pagando los platos rotos de la crisis.Para finales de 2025, el acumulado de peticiones, quejas y reclamos en salud (PQRS) superó los 2 millones, mientras que las tutelas en salud podrían ubicarse por encima de las 300.000, reflejando mayores dificultades para acceder de manera oportuna a consultas, procedimientos, medicamentos y tecnologías.De igual modo, cada tutela es un costo adicional para el sistema judicial y una señal de falla en la asignación de derechos fundamentales.El 8 de marzo: por qué el voto legislativo es también una apuesta por la saludEn este contexto, las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026 adquieren una dimensión que va más allá de la política partidista. El Congreso es fundamental para el control político: el Ejecutivo puede presentar reformas, pero es el Congreso el que decide. Todos los temas sociales como salud, educación y seguridad ciudadana pasan por decisiones que se toman en el Congreso.El 8 de marzo de 2026, los colombianos elegirán los 286 miembros del Congreso —103 senadores y 183 representantes a la Cámara— para el período 2026-2030. A través de la función legislativa, sus miembros redactan, interpretan, modifican o derogan las normas que rigen la vida nacional, desde aspectos cotidianos hasta transformaciones profundas en materia de salud.El papel del Congreso en la crisis de salud es doble: legislativo y de control político. En el frente legislativo, en el primer semestre de 2026, el Congreso debatirá proyectos sustanciales entre los que se incluye la reforma a la salud, en un contexto marcado por el calendario electoral y el final del período presidencial.Quien ocupe las curules de la Comisión Séptima —que tiene competencia directa sobre los proyectos de salud— determinará si la reforma avanza, se archiva o se transforma en algo funcionalmente distinto a lo propuesto por el Ejecutivo.En el frente de control político, el Congreso tiene la facultad de citar a ministros, exigir rendición de cuentas y tramitar mociones de censura. No es un detalle menor: tras la muerte de Kevin Acosta, la representante Jennifer Pedraza radicó una moción de censura para retirar de su cargo al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por la crisis en el acceso a medicamentos.Es precisamente el tipo de mecanismo de accountability que un Congreso robusto, técnico e independiente puede activar.Esto toma más importancia pues la crisis del sistema de salud colombiano es el resultado acumulado de decisiones financieras, técnicas y políticas —muchas de ellas tomadas o bloqueadas en el Congreso—, que se tradujeron en $32,9 billones en deuda, un patrimonio sectorial negativo de $15,8 billones, más de dos millones de quejas proyectadas y, en el caso más doloroso, en la muerte de un niño de siete años que esperaba un medicamento que el sistema no le entregó a tiempo, pero que es solo el registro mediático de una coyuntura que ha traído más muertes a miles de familias en el país.Esto pues la salud pública va más allá de un tema de política social: es el bien público más caro que tiene un país y su gestión afecta directamente la productividad, la cohesión social y la dignidad de toda una nación.