El impuesto recae sobre la acumulación de activos y la reinversión de unas 15.000 grandes empresas.Foto: Valora Analitik.El nuevo impuesto al patrimonio para empresas, una medida extraordinaria bajo el estado de emergencia por las fuertes lluvias, ha encendido las alarmas en el sector productivo por sus posibles efectos estructurales permanentesSegún el análisis de la firma Bastet Family & Corporate Consulting, este tributo no recae sobre las utilidades generadas, sino directamente sobre la acumulación de activos y la reinversión de unas 15.000 grandes empresas.Mauricio Marín Elizalde, socio fundador de la firma, advierte que la medida reduce el «músculo financiero» de las compañías en un momento crítico y envía una señal de incertidumbre al mercado.Uno de los puntos más críticos señalados por la firma es la configuración de una tributación múltiple sobre la misma riqueza. Las empresas ya tributan por renta sobre sus utilidades; además, los accionistas pagan por dividendos cuando estas se distribuyen.Con el nuevo gravamen, se tasa el patrimonio construido con esas utilidades dentro de la sociedad, y el accionista (persona natural) podría terminar pagando nuevamente sobre el valor de sus acciones.«Cuando un mismo flujo económico es gravado en distintos momentos, el efecto deja de ser coyuntural y se vuelve estructural», sostuvo Marín Elizalde.Retroactividad y tensiones constitucionalesBastet Family & Corporate Consulting también destaca en su análisis preocupaciones legales de fondo. El decreto incluye una cláusula de retroactividad que obliga a reintegrar, para el cálculo del impuesto, decisiones societarias tomadas entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026.Para la firma consultora, esto vulnera la seguridad jurídica, pilar fundamental del sistema económico.Asimismo, se cuestiona el respeto al principio de igualdad. Mientras la tarifa general es del 0,5 %, los sectores financiero y extractivo enfrentan una tarifa del 1,6 %, más de tres veces superior, lo que podría considerarse un trato desproporcionado si no existe una justificación técnica sólida.Adicionalmente, el hecho de que se excluya a las sociedades del régimen simple genera interrogantes sobre la equidad frente a otras compañías con patrimonios similares.Recientemente, el centro de pensamiento ANIF estimó que el recaudo potencial de este impuesto asciende a $13,4 billones, una cifra significativamente superior a los $8 billones proyectados por el Gobierno.Además, advirtió que este gravamen incrementaría la tasa efectiva de tributación del 29,8 % al 35,5 %, un salto de casi 6 puntos porcentuales que podría desincentivar el crecimiento empresarial y la entrada de capitales extranjeros.Incluso recordó que experiencias previas en Colombia (como en 2011) demostraron que este tipo de tributos aumentan el costo de endeudamiento y reducen la inversión de las firmas afectadas.Por su parte, Russell Bedford Colombia anticipó un efecto dominó sobre la economía de los hogares. El análisis de la firma sugiere que, aunque no haya despidos automáticos, el entorno de inversión y la confianza empresarial son factores que afectan el crecimiento a largo plazo.Un punto relevante es el impacto en los fondos de pensiones y ahorros, ya que muchas de las empresas gravadas cotizan en bolsa y forman parte de los portafolios de inversión de los ciudadanos.Mientras el Gobierno busca recursos inmediatos para atender la emergencia invernal, expertos y consultores coinciden en que el desafío radica en obtenerlos sin debilitar la inversión, el ahorro empresarial y la confianza jurídica del país.